La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocaron y realizaron una marcha en la tarde de ayer y visibilizaron la emergencia que atraviesa el sector en medio de la crisis económica. La movilización comenzó a las 17 en Colón y General Paz finalizando en la sede local de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicada en 9 de julio 360.
Personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba se hicieron presentes en la convocatoria que contó con el apoyo del Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y la Federación Converger, entre otras entidades.
Las consignas principales demandaron la declaración de emergencia en discapacidad, al mismo tiempo que rechazaron el “decreto que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales” y denunciaron que “un sistema que precariza, excluye”.
En un documento que se hizo público previo a la movilización, expresaron que se necesita poner en agenda “más que nunca al Colectivo de Personas con Discapacidad y sus prestadores que están en estado de emergencia”. Luego remarcaron que “al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy se suma la angustia que genera el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones”.
En esa misma línea, detallaron que al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador tendría aranceles establecidos individualmente y “seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad; por ende, peores condiciones de cobertura para afiliados y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional”.
Por otro lado, ATI hizo hincapié y alertó en que algunos sectores plantearon que ven a la discapacidad como un gasto, por lo que consideran que “es un riesgo dejar librado a su gestión los fondos que garantizan la cobertura prestacional y principal fuente de trabajo de miles de profesionales de todo el país”.
Finalmente, y frente a la situación que describen y por la que se manifestaron, subrayan que tendrá graves consecuencias para personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones prestadoras. Por lo que apuntaron a que “la emergencia en discapacidad es una responsabilidad de todo el conjunto social”.
