El presidente del bloque de legisladores por el Frente Cívico, Walter Nostrala, junto al parlamentario Gregorio Hernández Maqueda (ex Coalición Cívica-ARI), presentó ayer una denuncia penal contra el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, por “presunta defraudación a la administración pública en grado de tentativa” en el proceso de compra de vehículos para las Guardias Locales de Prevención”.
Por su parte, Quinteros desmintió las acusaciones y le pidió “responsabilidad” a la oposición. Según dicha presentación concretada en Tribunales II, la Provincia habría estado a punto de comprar vehículos para la guardia urbana con un sobreprecio del 70%.
Se trata de los modelos Renault Sandero Life 1.6 y Peugeot 208, valuados en el mercado en $ 23.000.000 y que, según la sospecha, iban a ser pagados a casi $ 40.000.000. Las sospechas, según dijeron los legisladores, comenzaron luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, hoy controlado por el juecismo, detectara posibles irregularidades en la operación del Ministerio de Seguridad, al ver los montos previstos para la compra.
“Era una licitación de compra de 400 vehículos cero kilómetros para la guardia urbana. Se llamó a subasta y se adjudicaron, a través de una resolución, cada uno a un valor de $ 38.000.000, cuando en el mercado cuestan $ 23.000.000. El sobreprecio en cada vehículo es de más de $ 15.000.000”, detalló el legislador Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico.
“Lo que hay, por lo menos, es una intención de defraudar al Estado. Que no se concretó porque el Tribunal de Cuentas no aprobó el expediente”, agregó Nostrala. Y consideró que “gracias al control” del tribunal de cuentas pueden “impedir que se concrete esta defraudación, aunque claramente la intención era seguir adelante. Más de 70% de sobreprecio (…). No queremos imaginarnos lo que hacían cuando tenían la mayoría del tribunal y nadie los controlaba”.
En tanto, Hernández Maqueda consideró: Se habrían pagado aproximadamente $ 38.000.000 por unidad, cuando el valor de mercado se estima en $ 23.000.000. Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos el deber de denunciar ante la Justicia la posible comisión de un delito, en este caso en grado de tentativa porque todavía el acto no se habría consumado”.
Quinteros cruzó a los legisladores opositores
Tras conocerse la denuncia, el ministro Quinteros explicó que “el motivo de la denuncia es un expediente de una compra de 400 vehículos que está en el Tribunal de Cuentas con un pedido de reactivación.
El pedido de reactivación fue por esta resolución del 14 de mayo, en el que dimos de baja al proceso de subasta electrónica e iniciamos otro que ya está en marcha por la compra, no de 400, sino de 600 vehículos”, explicó el funcionario.
Y agregó que “esto se hizo por un proceso de subasta electrónica, que es el mecanismo más transparente que tiene la administración pública”, en el que las empresas adjudicatarias fueron Tagle, con los Renault Sandero, y Grupo Quijada, con los Peugeot 208.
Luego, de enviado el acto administrativo al tribunal, los autos bajaron de precio y el ministerio dio de baja el proceso de compra el 14 de mayo, previo a la denuncia de los legisladores.
“Trabajamos 24 horas por la seguridad y algunos están pensando en las elecciones del año que viene”, cuestionó Quinteros, quien aseguró que la compra se realizará con los nuevos precios.
