A 47 años de los hechos ocurrido en nuestra ciudad, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba comenzó ayer a tratar la nulidad de la intervención judicial de la empresa constructora Mackentor, ocurrida en 1977. Impulsada por los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, la nueva conformación del Tribunal Oral retomará este caso, que terminó con el desmembramiento de la constructora Mackentor, una de las más importantes de Córdoba en aquellos años, en el arranque de la última dictadura militar.
Mackentor fue intervenida por una decisión del entonces juez federal Adolfo Zamboni, el 2 de mayo de 1977. En tiempos de amplio poder en Córdoba del represor Luciano Benjamín Menéndez, quien fue condenado por el allanamiento ilegal a la empresa, los abogados defensores vienen pidiendo desde hace dos décadas que se declare la “nulidad absoluta” de todo lo actuado por el juez Zamboni. Aunque el reclamo más fuerte de los abogados defensores de los familiares de los propietarios de Mackentor es que se juzgue a empresarios que se quedaron con la empresa y los funcionarios judiciales que permitieron esa situación.
Una de las empresas apuntadas por los abogados Vega y Barcesat es Supercemento, que era propiedad de la familia Macri. Vega, abogado de las víctimas de Mackentor, afirmó al portal EnRedacción. “Por primera vez en la historia de la democracia argentina somos escuchados por jueces imparciales y sin prejuicios políticos, ideológicos ni religiosos. Eso no significa de ninguna manera que nuestros pedidos indemnizatorios sean concedidos. La búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia es lo que ha marcado nuestra lucha de más de 20 años y eso es un homenaje a estos ingenieros que, con decencia e inteligencia, representaron una burguesía nacional que desde siempre se opuso al terrorismo de Estado. Creo que va a ser una audiencia histórica”, resaltó Vega en declaraciones al diario La Voz del Interior.
El abogado, agregó: “Por primera vez en la justicia argentina se prueba con valor de prueba jurídica las complicidades judiciales con el terrorismo de Estado; los nombres de los grupos económicos que se beneficiaron con sus crímenes; y también se prueba el silencio y el ocultamiento de estos hechos por parte de jueces federales de la Democracia Argentina”, argumentó Vega.
El caso
Vega y Eduardo Barcesat son los representantes jurídicos de Mackentor y de los socios de la constructora. Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977, con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados.
Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época. La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, era una poderosa empresa constructora en los años ‘60 y ‘70. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal, según los denunciantes.
En la causa, los abogados tratarán de demostrar que el principal beneficiario de la acción del terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni.
El Tribunal Oral conformado por Carolina Prado (presidenta), Cristina Giordano y Facundo Zapiola, serán los protagonistas de la audiencia de este jueves. Mientras que los fiscales serán Carlos Gonella y Facundo Trotta.
