Luego de las manifestaciones que organizaciones sociales, colegios profesionales, asociaciones civiles, asambleas de trabajadores, transportistas y familias llevaron a cabo la semana pasada en Córdoba con el objetivo de hacer visible su rechazo a la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, los concejales de nuestra ciudad se sumaron ayer a dicho planteo.
Expresaron su “preocupación” por la «posible desregulación del sistema de nomenclador único que rige a nivel nacional para las coberturas de asistencia a personas con discapacidad, según un proyecto de decreto que estaría ya en la Jefatura de Gabinete de la Nación, tras haber sorteado otras instancias, como la propia Agencia Nacional de Discapacidad».
En una reunión de la Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal del Concejo Deliberante, los ediles recordaron que «esa misma preocupación vienen haciendo pública en los últimos días los prestadores del sistema y las familias de personas con discapacidad, porque advierten que la desregulación desmontará un sistema actual que, aún con sus falencias, ofrece una cobertura importante a quienes la necesitan».
Ator: «Un daño irreversible»
Sobre el particular, Leandro Ator, miembro de una asociación que nuclea a transportistas de personas con discapacidad, explicó que “como prestadores, venimos de una larga lucha por aranceles, y ahora queremos visualizar esta posibilidad de que se elimine el nomenclador, para frenar un daño irreversible”.
Agregó que el nomenclador nacional de prestaciones asegura cobertura integral (sin necesidad de pagos extras) y universal (para afiliados a cualquier obra social). “Es el soporte del sistema desde hace 25 años. Si se deroga, se van a vulnerar derechos y sería el fin de muchas prestaciones, que ya vienen siendo precarias, como en nuestro caso. En los últimos tres años, el 50% de los transportistas del sector han dejado la actividad. Para las familias es imposible conseguir este servicio”, alertó Ator.
Por su parte, Andrea Cañas, de Fundación Familias CEA, dijo que las familias afectadas por el tema discapacidad ya vienen siendo “muy afectadas” por la desregulación de las prepagas y por los aumentos en los costos de los servicios. “Muchos se tuvieron que dar de baja y los chicos quedan sin tratamiento, además de la amenaza de que puedan no ser tomados por otras obras sociales”, graficó.
Cañas reconoció estar padeciendo esa situación en carne propia, como mamá sola, con cuatro hijos, de los cuales dos están diagnosticados. “Es muy difícil salir adelante así, con un monotributo social. Tengo 54 años y no tengo trabajo formal. Me toca muy de cerca. Mi hijo necesita atención. En 2009 vivía en el exterior y me volví porque justamente acá podía acceder a todos los tratamientos que mi hijo necesitaba. Fue un cambio de vida. Por eso voy a defender con uñas y dientes el actual sistema y la existencia de un nomenclador único”, remarcó.
Frías: “Vulnera todos los derechos»
En el mismo sentido se pronunció la licenciada Belén Frías, de la Fundación Arco, dedicada a la educación inclusiva y vida independiente de personas con discapacidad, evaluó que el decreto que se apresta a poner en vigencia el gobierno nacional “vulnera todos los derechos de los cuales habla”. Mencionó que, increíblemente, “el decreto cita la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicando que la desregulación traerá mayor equidad. No se entiende qué quieren decir y hacer. Pedimos explicaciones, pero no las dan”, puntualizó.
Además, remarcó que por este conflicto están muy movilizadas las familias “porque fueron ellas las que lucharon para unificar todo en un único nomenclador hace 25 años, cuando había muchos”.
También intervino Marta Lastra, abogada especializada en derecho de las personas con discapacidad. Detalló que el actual sistema de prestaciones tiene falencias a corregir, como las demoras en los pagos, el control de los fondos y la actualización de aranceles, pero rescató que “es muy importante, al garantizar prestaciones al 100% para todos por igual”. Finalmente, calificó de “discriminatorio, insensible e irresponsable” el decreto que impulsa el gobierno nacional.
Los presentes en el Concejo también trajeron al debate la situación de la obra social provincial (Apross) respecto de la discapacidad. Señalaron que el nomenclador provincial paga aproximadamente un 72% de lo que fija el nacional y que progresivamente se va acercando a ese valor de referencia. Al respecto, explicaron que si el nomenclador único desaparece y los valores se atomizan, las provincias y obras sociales se inclinarán a referenciarse en los que resulten más baratos y con menos prestaciones.
