En el Complejo Esperanza, el único espacio en la provincia que puede alojar adolescentes en conflicto con la ley penal, hay 164 internos. No es cierto que no hagan nada allí por su resocialización: tienen talleres de distintos oficios, pero a juicio de la ministra de Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero, falta una vuelta de rosca para que la formación en distintas habilidades laborales tenga efecto y evite el paso del Complejo Esperanza al penal de Bouwer, con delito de mayor en el medio.
“Se pueden formar en oficios, la mayoría de habilidades manuales, pero nadie les da trabajo”, remarcó. La idea que pondrá en práctica la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en los próximos meses es la inclusión de talleres dictados por la Universidad del Sentido, en la que confluyen el papa Francisco y Cáritas, y una cooperativa de expresos que trabaja en la construcción y en tareas de mantenimiento, Calex, liderada por Ariel Calisaya, quien también es el referente de la Fundación Luz y Esperanza y pastor de Guerreros de Jesucristo, el grupo evangélico que se hizo muy fuerte en las cárceles de Córdoba.
“La idea es que los chicos se formen dentro del Complejo Esperanza y luego, al egresar, trabajen bajo la supervisión de estas entidades, cobrando una beca similar al Plan Primer Paso durante seis meses. Pasado ese tiempo, serían contratados por empresas privadas, ligadas al proyecto de la Universidad del Papa, o en Calex, a la que a su vez se le daría prioridad para la contratación de distintas obras y tareas de mantenimiento de la Senaf y del Ministerio.
Es una política circular, no una economía circular, una política circular de sustentabilidad social”, explicó Montero en declaraciones al diario La Voz del Interior. En los dos casos, se trata de trabajos en oficios. Es imposible, porque no llega la fibra óptica al Complejo, hacer talleres de habilidades digitales, pero Montero tiene un preacuerdo de la Agencia de Conectividad para llevar internet hasta el predio. Eso habilitará nuevos programas y convenios, con ese foco.
El anuncio viene a dar respuesta a un interrogante que se planteó en la discusión por la rebaja en la edad de imputabilidad a los 13 años que impulsa el Gobierno nacional, con un proyecto que fue al Congreso con las firmas de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Más que hablar de edades, Montero cree que la discusión debe pasar por lo que se hace con estos niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal.
“¿Para qué lo voy a encerrar? ¿Qué voy a hacer con él o con ella?”, es, para Montero, la pregunta que debe responder la política. Entendiendo, además, que es el fracaso de la política y de las políticas los que llevaron a que un NNyA llegue a ese lugar.
Dónde se los pone
El Complejo Esperanza actualmente tiene una ocupación de un 77% de su capacidad. Puede alojar, como máximo, a 212 jóvenes y en el último corte de población albergaba a 164 jóvenes en conflicto con la ley penal, según datos del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.
La capacidad de alojamiento se volverá un interrogante si prospera el proyecto de rebaja en la edad de imputabilidad que involucre indicaciones judiciales de encierro para adolescentes a partir de los 13 años. Hubo, hasta este momento de 2024, 181 causas con menores de 16 años (no punibles) por la supuesta comisión de delitos. De este total, tres casos son por el delito más grave: homicidios.
De existir indicación de encierro en menos de la mitad de esos casos, ya estaría excedida la capacidad del Complejo Esperanza.
E incluso esto puede ocurrir sin que se amplie el universo de menores de edad punibles, porque además de los 164 internados en el Complejo, hay otros 358 chicos de 16 y 17 años bajo seguimiento “en territorio”, por causas penales. Si se ponen más rigurosas las medidas indicadas por los jueces, ya no habría plazas disponibles.
Es un problema qué hacer con ellos, pero también puede agregarse el problema de dónde se los pone. Y con qué recursos. Liliana Montero le dedicó un fuerte párrafo al proyecto nacional por instaurar figuras y procesos sin prever quién y cómo los financiaría.
Dicho esto, Montero entiende que tiene que incorporarse hoy un espacio híbrido, con un perfil prevencional, pero que permita el alojamiento de niños y de niñas no punibles, que corren riesgo en libertad. El caso emblemático es el de los adolescentes menores de 16 años que cometen un homicidio y que en libertad quedan expuestos a “linchamientos”. No tener un lugar donde ponerlos los deja en peligro de una acción en venganza.
“Creemos que es necesario un dispositivo abierto, de resguardo, para los no punibles”, especificó Montero. Este espacio se está tratando de coordinar con la obra del padre Mariano Oberlín.
Programas para no punibles
“Decir que son no punibles no significa que no se tiene que hacer nada con ellos”, dice Montero. Salga o no salga una rebaja en la imputabilidad.
Un programa piloto realizado con 15 adolescentes no punibles (menores de 16 años) acusados de delitos consiguió en poco menos de un año de trabajo resultados considerados exitosos en 14 casos. ¿Qué se entiende por caso de éxito?: no reincidencia, reinserción escolar, cumplimiento con las indicaciones del tratamiento que puede incluir tareas laborales, de capacitación o de terapia psicológica. “En algunos casos, cuando fue posible, se buscó una reparación con las víctimas”, confió Montero.
Pero esta reparación es distinta a la restauración que propone como eje el plan y que se posa no sólo en la mirada de la víctima, sino en los dos: víctima y autor, que en la mayoría de las biografías tiene un historial larguísimo de traumas y abandonos.
Se distingue este programa de la intención de darle un protagonismo a la víctima, incluso generar instancias en las que pueda seguir y controlar las sanciones que establece el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Milei.
En lo que va del año, son 181 los menores en conflicto con la ley penal menores de 16 años bajo seguimiento de la Senaf.
La franja etaria de 13 a 15 tiene en Córdoba 171.541 personas, según datos del Censo 2022. Esto da una incidencia de 0,1%.
