Con una concentración frente a la sede de Apross, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocó el miércoles pasado a personas con discapacidad, familias, prestadores, instituciones y transportistas a un nuevo paro y movilización del área de discapacidad.
Las principales denuncias que impulsaron la medida de fuerza fueron el último aumento de sólo 2% en las prestaciones, la continuidad de un plan de ajuste en el sector por parte del gobierno nacional, la intención de quebrar a las obras sociales y una estigmatización las pensiones por discapacidad.
“Queremos expresar nuestro repudio hacia la decisión del gobierno nacional de otorgar un aumento del 2% a cobrar quizá desde octubre, frente a un aumento superior al 100% del monotributo que afrontan prestadores de discapacidad. Esto sin escuchar la negativa de los representantes de la sociedad civil en el directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)”, indicaron desde ATI en un comunicado.
Desde la organización también remarcaron que el fondo solidario de redistribución sufrirá cambios que perjudican a las obras sociales pequeñas poniéndolas en riesgo y denunciaron la transferencia del área de discapacidad a la cartera de salud. “Esto se traduce en un ajuste a discapacidad, además de invisibilizar el sector”, aseguraron.
En relación con lo expresado por el vocero presidencial Manuel Adorni días atrás sobre pensiones por invalidez otorgadas erróneamente (momento en el que se exhibió la radiografía de un perro que habría sido presuntamente utilizada para acreditar una pensión por invalidez) desde ATI hablaron de una campaña del Gobierno Nacional para “instalar” la idea de pensiones dadas con datos falseados.
“La emergencia en discapacidad no es solo un asunto de quienes formamos parte de este sector que son las personas con discapacidad, sus familias y prestadores. Es una responsabilidad de toda la sociedad, y solo así podremos hablar de una comunidad inclusiva que garantice la convivencia”, expresaron.
Discapacidad en emergencia
Julia Domínguez, licenciada en Psicopedagogía y vocera de la ATI, denunció un “desmantelamiento veloz” y un “ataque” al colectivo de discapacidad. “El anterior aumento fue del 3% para cobrar en octubre en vez de septiembre, y este último es de un 2% a cobrar tal vez en noviembre. Hay colegas que no han cobrado nada durante todo el año”, explicó.
Esto ocurre frente a un panorama en el que, indicó, hay obras sociales que están en riesgo de quiebra siendo las de menor cantidad de afiliados las más afectadas. “Con la modificación en el Fondo Solidario ya no se diferencia el aporte de las obras sociales más pequeñas con el de las que más aportan. Estas últimas tienen más afiliados y proporcionalmente tienen menos personas con discapacidad, esto hace que puedan afrontar el aporte al fondo sin problemas. No están todas en la misma situación”, expresó en diálogo con el diario La Voz del Interior.
Respecto de la polémica desatada sobre la presunta entrega fraudulenta de pensiones por invalidez y discapacidad lo calificó como un recurso para “legitimizar” el ajuste. “Que saquen a relucir eso como un motivo para hacer un recorte es una muestra de miseria y de la actitud del gobierno para este sector que es capaz de usar una acusación falsa para ajustar”, dijo.
Auotexplotación y precarización
Sobre la situación general de los prestadores de discapacidad, Domínguez expuso una situación de precarización y autoexplotación sostenida. “Somos todos monotributistas. Dependiendo de la categoría, el monotributo aumentó alrededor de un 140% y la matricula aumentó un 25%. Frente a esto, un incremento de un 2% es un chiste”, declaró
En ese sentido, aseguró que a los prestadores les resulta imposible sostener la actividad y que como acción recurrente la mayoría mantiene otros trabajos para poder ejercer la profesión. Mientras algunos comienzan emprendimientos propios, se emplean en otros rubros o trabajan a domicilio porque ya no pueden pagar consultorios, otros se encuentran desbordados con una acumulación de casos, lo que también desencadena en una proliferación de enfermedades laborales.
“Es una cuestión desmedida de autoexplotación porque no hay otras regulaciones, es un trabajo liberal. Las consecuencias son que cada vez se ejerce menos y que los pacientes terminan interrumpiendo sus tratamientos porque pierden sus sistemas de apoyo”, indicó la vocera.
Según refirió las condiciones de trabajo que ofrecen los centros de salud o discapacidad son en su mayoría a través de contratos de locación de servicios, a pesar de arriesgarse a juicios laborales. Los pocos casos en relación de dependencia se dan en escuelas especiales que indicó, están “desbordadas”.
Respecto de los salarios tentativos que hoy cobra un prestador al mes, ejemplificó con un módulo de cuidado y acompañamiento de tres veces por semana el cual se calcula en alrededor de $ 280.000 a cobrar en setiembre/octubre.
Por otra parte, están las sesiones individuales de diferentes especialidades. “Las sesiones de psicopedagogía, por ejemplo, están en menos de $ 8.000 cuando el mínimo ético que fijo el Colegio está por encima de $ 12.000″, precisó.
