Ante la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y la falta de acuerdo salarial con los docentes y no docentes, los sindicatos que nuclean a los universitarios ratifican la estrategia de paros, así como la convocatoria a una nueva Marcha Nacional Universitaria a llevarse a cabo durante la primera quincena de septiembre. Recuérdese que en la marcha anterior, realizada el 23 de abril, se movilizaron más de un millón de personas en todo el país.
Las medidas de fuerza fueron ratificadas tras consumarse otro fracaso en la paritaria docente. El Gobierno ofrece un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre, tomando como referencia, según los voceros oficiales, los incrementos generales que se dan en el Estado. Como era de esperar, la propuesta fue rechazada en forma categórica. Y la escena se viene repitiendo todos los meses, ya que la estrategia es la misma: ofrecer aumentos insignificantes, incluso por debajo de los índices de inflación publicados por el Indec el mes anterior; entonces los sindicatos lo rechazan y así se cierra toda negociación.
En rigor, no hay ningún diálogo, porque los funcionarios se limitan a imponer un porcentaje de aumento, y cuando esto es rechazado no formulan una nueva propuesta. De este modo, cada reunión paritaria fracasa sin excepción. Y desde que comenzó el año los fracasos se suceden, como si se estuviesen forzando intencionalmente.
En este contexto, el personal universitario sigue perdiendo contra la inflación, como lo expresaron las distintas organizaciones de la comunidad educativa en un comunicado conjunto, que fue difundido a través de sus redes sociales. Puntualmente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) enfatizó que, entre noviembre de 2023 y julio de este año, el salario de los universitarios registró una caída del 45% en términos reales: “Nunca en 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”, señalaron desde el CIN.
Más complicado aún se presenta el panorama para los docentes de los colegios preuniversitarios que integran el sistema (en Córdoba, el Manuel Belgrano y el Monserrat), quienes sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta en el marco de la política de ajuste implementada, y que implicó un drástico recorte de los fondos públicos destinados a educación.
Como consecuencia directa de aquellas políticas y de la precarización salarial que traen aparejadas, numerosos trabajadores del sector (se estima que más del 50% del personal), especialmente en los tramos iniciales, ya han quedado ubicados por debajo de la línea de pobreza (una frontera que hoy incluye al 55% de la población total del país, según datos difundidos recientemente por el Observatorio de la Deuda Social dependiente de la Universidad Católica Argentina).
Sin embargo, el Gobierno asegura que están dadas las condiciones para el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales, pese a no haberse logrado un acuerdo salarial, ya que los gastos de funcionamiento han sido garantizados en tiempo y forma, más allá de las medidas gremiales anunciadas. Olvidan los funcionarios que sin salarios dignos no hay universidad pública posible. O tal vez no olviden, sino que directamente no estén interesados en sostener la educación pública universitaria de calidad, igualitaria e inclusiva, que ha sido una de las banderas más apreciadas y valoradas por la sociedad argentina desde 1918 a la fecha.
Sobreactuando cierta preocupación, desde los despachos oficiales anunciaron la creación de una Comisión Técnica Tripartita para tratar de acercar las diferencias señaladas por los gremialistas con la oferta del Gobierno. Dicha comisión, que no genera demasiadas expectativas, estará integrada por los distintos sindicatos y por los miembros de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público. Mientras tanto, la comunidad universitaria se apresta a seguir adelante con su plan de lucha, con paros de actividades durante 48 horas.
Según el Frente de Universidades Nacionales, el viernes 23 de agosto los representantes de las federaciones docentes y no docentes se reunirán para evaluar la continuidad de las medidas. Todo parece indicar que, lamentablemente, el conflicto en nuestras universidades tenderá a agravarse en los próximos meses, dada la intransigencia demostrada por las autoridades nacionales. En cambio, cuantiosos fondos públicos se han redirigido a Inteligencia, restableciendo la vieja Secretaría de Inteligencia del Estado – SIDE, que acaba de ser dotada de un presupuesto multimillonario (de 100.000 millones de pesos). Semejante inversión ya está rindiendo sus primeros y jugosos frutos en estos días: la exposición pública del caso Alberto-Fabiola así lo comprueba.
