En la noche del miércoles, la Legislatura de Córdoba, en su duodécima sesión ordinaria, aprobó la adhesión de la provincia de Córdoba a la ley de blanqueo del Gobierno nacional, para adecuar la normativa provincial a la ley dispuesta por la Nación y permitir que sea efectiva.
La sesión, encabezada por Facundo Torres Lima, el presidente provisorio, aprobó el proyecto del Ejecutivo provincial que adhiere al régimen de blanqueo de capitales. El tratamiento del proyecto fue rápido y contó con el apoyo del oficialismo, el juecismo, y gran parte del radicalismo y del PRO.
La ley establece que quienes adhieran a la Regularización de Activos, instituido por la ley nacional 27.743 y su marco regulatorio, estarán eximidos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación con los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no prescriptos al 31 de diciembre de 2023.
Asimismo, la normativa determina: “A efectos de que proceda el beneficio, los sujetos deben poner a disposición de la Dirección de Inteligencia Fiscal y/o de la Dirección General de Rentas, ambas dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Gestión Pública, en la oportunidad que los mismos así lo requieran, los antecedentes y/o formalidades exigidas por las disposiciones vigentes a nivel nacional para perfeccionar la Regularización de Activos”.
A su vez, se establece que quedan liberados de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen. También quedarán exentos de las multas y demás sanciones que pudieren corresponder en virtud de las disposiciones del Código Tributario Provincial con respecto a los bienes exteriorizados.
El texto legal también estipula que los sujetos que regularicen bienes, créditos y tenencias “gozarán, entre otros beneficios, de la liberación del pago de impuestos nacionales”, entre ellos a las Ganancias, al Valor Agregado e Interno, indicando que quienes adhieran al régimen quedarán desligados “de toda acción civil, penal tributaria, cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudiera corresponder”.
Desde la Legislatura, aclararon que el origen de los fondos puede provenir de actividades gravadas por el impuesto provincial, ya sea por estar vinculados con ingresos generados en el exterior o por tratarse de bienes respaldados por actividades no gravadas o exentas en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, dio el afirmativo del bloque y aseguró: «Adherimos porque queremos que Córdoba sea parte de la solución, que tenga que ver con la construcción de un país y no sea parte del problema. Tiene que ver con el Gobierno nacional, pero que necesita Córdoba para poder formar parte de lo determinado por la Nación».
El legislador Miguel Nicolás de la Unión Cívica Radical, anunció el voto positivo de su bloque a la iniciativa y destacó: «Nosotros acompañamos esto, porque necesitamos darle gobernabilidad al presidente de la República, darle la herramienta necesaria tanto a él como a la Provincia».
Por su parte, el legislador Oscar Tamis (PRO) anticipó el voto afirmativo de todo su bloque mientras que sostuvo: «Nos parece bien que la provincia de Córdoba, en este contexto, acompañe».
