El Gobierno Nacional presentó el presupuesto 2025 luego que en el presente año prorrogara el de 2023. Muchos economistas encuentran en él inconsistencias en sus cálculos y proyecciones, que serían incompatibles. ¿Podemos simplificar el análisis para que la mayoría lo entienda? Espero que sí.
Un presupuesto es un cálculo de los ingresos del Estado con base a algunos supuestos de las principales variables de la economía interna, gastos máximos que pueden ser incrementados o reasignados en parte por el poder ejecutivo, y su relación con los mercados –comerciales y financieros- del exterior que determina el Balance de pagos.
En este caso en especial, el presidente Javier Milei dejó en claro en su mensaje que la prioridad es “pagar los intereses de la deuda” refinanciando el capital adeudado, bajando los gastos si se recauda menos y dejando supeditada la reducción de impuestos a la obtención de resultados “consistentes”, que producirían una rebaja de retenciones e impuestos a sectores empresarios.
Una de las objeciones mayores es el supuesto de inflación para 2025 que calcula en 18,3% anual –o sea 1,4% mensual-, mientras que estima en 104,4 la de este año que exigiría una inflación de 1,2% en los 4 meses finales cuando hace otros tantos que no logra reducirla de 4% mensual. O sea el excesivo optimismo convierte al presupuesto en una ilusión que puede cambiar casi a su placer.
Otra objeción es respecto del Balance de Pagos externos –importaciones, exportaciones, inversiones extranjeras y endeudamiento- mientras se mantenga la devaluación mensual del 2% que encarece la producción local exportable y aumenta las importaciones y gastos en el exterior, lo que produciría un déficit creciente e impediría afrontar obligaciones, aun cuando se mantiene el cepo al acceso a las divisas y el dólar tarjeta.
En el mercado interno prevé la eliminación de subsidios, mantener el bloqueo de la obra pública y los giros a las provincias, a las que además les exige 60 mil millones de dólares de ahorro mientras afrontan casi todos los gastos educativos, en salud, etc.
La situación empeora mucho más si se considera que sólo se aumentan las partidas para Defensa, Seguridad y la Side, mientras se mantienen los subsidios tributarios a las empresas electrónicas en Tierra del Fuego, de Mercado Libre y concentradas de software que están obteniendo utilidades crecientes.
Previo al presupuesto, la Ley Bases –RIGI y paquete tributario- estableció desgravaciones y facilidades a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares y reducciones de impuestos a las personas con mayores fortunas por muchos años. Además de reducir el impuesto país –que recuperará el 7,5% vigente durante el gobierno anterior- .
Más allá del presupuesto, la principal duda es que a pesar de que el mensaje presidencial estuvo orientado a los acreedores externos sobre el pago de los intereses –y permitir la refinanciación del capital de la deuda externa-, es que parece imposible asegurarles que con el actual retraso cambiario, el aumento de las importaciones resultante de una recuperación del 5% de la actividad económica –luego de una reducción del 16% en el presente año- le permita contar con dólares genuinos en el mediano plazo para pagar intereses e importar o girar utilidades al exterior que los convenza de invertir, sin una devaluación previa y/o la apertura del cepo cambiario.
Es claro que en lo político y legislativo es muy difícil que obtenga la aprobación, para lo que necesita mucho más que el precario tercio que le permitió bloquear el rechazo al veto presidencial del aumento a los jubilados. Sin embargo si no lo obtuviera podría nuevamente prorrogar el actual que viene del 2023.
Así, la mayoría de la oposición legislativa, la mayoría de la población, las provincias, jubilados, universitarios, empleados públicos, las entidades agropecuarias y las Pymes industriales y comerciales que no acceden al RIGI, no tienen esperanza posible de que su situación mejore.
Mientras que los inversores y financiadores –incluido el FMI- externos no logran despejar sus dudas respecto de la viabilidad externa mientras no se levante el cepo (y en consecuencia se devalúe de hecho) lo que al decir de funcionarios de economía “explotaría todo”, como ya ocurrido tantas veces.
Con reservas netas negativas –o sea descontando los depósitos en dólares en el sistema bancario-, el gobierno puede seguir usándolas para pagar importaciones e intereses de deuda poniendo en riesgo su disponibilidad para los depositantes que pueden retirarlos en cualquier momento si se produce una corrida que repetiría un corralito.
Con la cautela de extrapolar una situación macroeconómica con una doméstica, si en su hogar los ingresos caen, mientras los gastos por intereses y deuda aumentan es inevitable que se produzcan dos efectos. Uno que requerirá disminuir los gastos familiares y otro que le impedirá reducir la deuda, ahorrar e invertir para salir de ese círculo vicioso de sucesivos ajustes y empobrecimiento; salvo que se logre aumentar los ingresos.
Es que la insistencia en el “déficit cero” solo basado en la reducción de gastos –excepto intereses de deuda-, sin un plan de aumento de ingresos basado en la productividad, sin políticas contra cíclicas (que el Presidente rechazó de plano) que la aumentaría y podría bajar la inflación por debajo de la devaluación prevista –algo que objetan inclusive los más apreciados economistas de Milei, como Cavallo y Arriazu- el presupuesto es más un supuesto casi ilusorio basado solo en variables internas y endógenas.
