Human Rights Watch (HRW), la organización internacional especializada en la defensa de los derechos humanos, emitió un contundente informe en el que exigió al gobierno argentino una investigación exhaustiva sobre la represión ocurrida durante la marcha de jubilados y barrabravas el 12 de marzo pasado. El informe subraya que durante la manifestación, que resultó en más de un centenar de detenidos y dejó herido al fotógrafo Pablo Grillo, las fuerzas de seguridad actuaron de «manera desproporcionada», usando la fuerza de forma indiscriminada.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, calificó el accionar de las fuerzas policiales como “un uso imprudente de la fuerza”, y expresó que el gobierno debería priorizar la investigación y garantizar la rendición de cuentas, en lugar de atacar a los jueces que decidieron en favor de los derechos de los manifestantes.
Según la organización, HRW verificó y geolocalizó 32 fotos y videos de la protesta, incluyendo fragmentos de transmisiones televisivas. Estos materiales documentan la intervención de la Gendarmería Nacional, específicamente cuando un miembro de la fuerza disparó una cápsula de gas lacrimógeno contra el fotógrafo Pablo Grillo, causándole una grave lesión cerebral. Según HRW, el disparo no cumplió con los estándares internacionales de seguridad, ya que fue realizado en un ángulo horizontal, lo que incrementó el riesgo de daño. La normativa internacional establece que los disparos de gas lacrimógeno deben realizarse en un ángulo ascendente para que el proyectil aterrice en el suelo con menor velocidad.
El informe también documentó otras agresiones por parte de las fuerzas de seguridad, como el uso imprudente de escopetas antidisturbios y la aplicación de cañones de agua a alta presión sobre los adultos mayores, a pesar de que no participaban en actos violentos. HRW corroboró la existencia de cinco videos que muestran a la policía disparando gas lacrimógeno en un ángulo horizontal, poniendo en evidencia el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes.
En cuanto a las detenciones, el informe señala que durante la marcha fueron arrestadas 118 personas, de las cuales 114 fueron liberadas por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade. Según la jueza, las fuerzas de seguridad no explicaron con claridad las circunstancias de las detenciones ni los motivos. Esta falta de transparencia provocó una respuesta del gobierno, que criticó a la jueza, lo que, según HRW, representa un intento de proteger a los agentes de la policía y hostigar a los jueces que actúan conforme a los derechos humanos. En este contexto, HRW respaldó la postura de Andrade, afirmando que el gobierno de Javier Milei está obstaculizando la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
Además de abordar la represión en la marcha, el informe de HRW critica el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La organización advirtió que este protocolo criminaliza cualquier tipo de manifestación que obstruya el tránsito y permite el uso de la fuerza policial, incluso cuando los manifestantes no representan una amenaza inmediata. HRW también señaló que el protocolo no contempla medidas razonables para evitar el uso excesivo de la fuerza, y que la resolución de 2011 que prohibía el uso de escopetas antidisturbios fue derogada bajo el actual gobierno, lo que facilitó el uso de estas armas en las protestas.
Por último, Human Rights Watch advirtió sobre la vaguedad de la definición de «sedición» utilizada en el protocolo, señalando que esta podría ser empleada para criminalizar la libertad de expresión o para castigar de manera desproporcionada a aquellos que critican al gobierno.
La organización instó a las autoridades judiciales y administrativas argentinas a llevar a cabo una investigación rápida, creíble y exhaustiva sobre el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del 12 de marzo, y enfatizó que el gobierno debe garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.
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