El juez de la Corte Suprema designado por decreto por el Gobierno de Javier Milei, Manuel García-Mansilla, renunció este lunes a su cargo. La decisión del magistrado ocurre días después de que ser rechazado por 51 votos en contra y 20 a favor por el Senado al cosechar el sufragio negativo de los tres bloques kirchneristas y el grueso del radicalismo.
Sólo tuvo el voto favorable de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO y dos radicales y algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional. A diferencia de lo que pasó con el pliego de Ariel Lijo, el interbloque peronista se mostró unido en el rechazo al pliego de García-Mansilla, designado por un decreto y que ya asumió como ministro de la Corte Suprema.
García Mansilla había sido designado mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el 25 de febrero. El mismo decreto incluía al juez federal Ariel Lijo, quien finalmente no asumió el cargo. Sin embargo, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García Mansilla y Lijo el viernes anterior a su renuncia, intensificando la presión sobre García Mansilla.
Medida cautelar
Poco después del rechazo del Senado, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones durante 90 días, hasta que se resolviera la legalidad de su designación. Esta medida fue impulsada por una presentación judicial que argumentaba que su designación vulneraba la independencia judicial al no contar con el acuerdo del Senado, citando el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional.
A pesar de la medida cautelar, el Gobierno defendió la validez del decreto y presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para anular la decisión de Ramos Padilla. Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, no mostraron disposición a tratar el recurso.
Argumentos y controversia
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había sostenido que no había obligación constitucional para que García Mansilla renunciara. El propio García Mansilla había defendido su nombramiento, argumentando que solo podría ser removido mediante juicio político. No obstante, la controversia generada abrió la posibilidad de judicialización de las decisiones del tribunal.
Ricardo Lorenzetti se pronunció en contra de las designaciones por decreto, recordando que esa había sido su postura cuando Mauricio Macri designó por decreto a Rosatti y Rosenkrantz. Aseguró que la Corte sigue funcionando con normalidad.
La renuncia de García Mansilla deja nuevamente a la Corte Suprema con solo tres integrantes. Este caso plantea interrogantes sobre el futuro de las designaciones en comisión y el rol del Senado en el control de estas decisiones, pudiendo sentar un precedente clave. Se estima que podrían plantearse nulidades sobre las sentencias firmadas por García Mansilla durante su breve gestión. Además, se recuerda que García Mansilla había declarado falsamente ante el Senado que no aceptaría un nombramiento en comisión.
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