Luego del reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo esquema de subsidios energéticos que afectará directamente a las tarifas de electricidad y gas. La medida busca acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético, en línea con los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei.
La Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, será la encargada de aplicar esta reforma que contempla el reemplazo del sistema actual de segmentación por niveles de ingresos. En lugar de los tres grupos vigentes —Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios)—, se establecerá una única categoría de asistencia, orientada exclusivamente a los hogares vulnerables.
Con esta modificación, cerca de 3 millones de usuarios de clase media dejarán de recibir subsidios en la tarifa eléctrica, lo que implicará un aumento significativo en el costo del servicio para este sector. La reestructuración será gradual y ya comenzó con reducciones progresivas en los descuentos aplicados a las facturas residenciales.
Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre del año pasado 9,5 millones de usuarios de electricidad recibían tarifas subsidiadas, de los cuales 3,2 millones pertenecían al Nivel 3. En el caso del gas, las subvenciones alcanzaban a 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales, con 2,2 millones ubicados en el mismo nivel medio.
Las proyecciones del FMI indican que el gasto público en subsidios energéticos se reducirá del 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024 al 0,5% en 2025. Esta baja se suma a los fuertes incrementos tarifarios registrados desde la asunción del actual gobierno, con subas del 264% en la electricidad y del 622% en el gas, de acuerdo con cifras del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.
En paralelo, el Ejecutivo también avanzará con una reforma del mercado mayorista de electricidad prevista para noviembre. El objetivo es fomentar la competencia y aliviar la presión financiera sobre la cadena de pagos del sector. En ese marco, la Resolución 21/2025 habilita a las empresas energéticas a establecer contratos de manera directa, sin la intermediación de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), lo que implica un regreso a un esquema de libre contratación.
La implementación de este nuevo modelo marca un giro significativo en la política energética nacional y abre un escenario de impacto económico directo para millones de usuarios residenciales, particularmente en los sectores medios.
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