Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro, y tras una solicitud hecha por el Ministerio Público Fiscal, suspendió este martes por una semana el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Así lo informó el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino. El magistrado les notificó a los abogados a cargo de la defensa que, para la próxima audiencia, el martes próximo, deberán estar presentes en la sala de audiencias los siete acusados.
El aplazamiento del juicio había sido solicitado por el Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, a cargo de la acusación pública en el caso, solicitó la suspensión por diez días del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro.
“La gravedad institucional” a la que hizo el representante del Ministerio Público Fiscal es un expediente judicial que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de San Isidro donde se investiga el supuesto vínculo entre una de las juezas que interviene en el debate, Julieta Makintach, con la producción de un eventual documental sobre el juicio.
La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició tras una denuncia de los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.
Antes de que todos los presentes se retiraran de la sala de audiencias, la jueza Makintach dijo unas palabras: “Entiendo la zozobra de todos. Estoy convencida de mi parcialidad. Voy a dar las explicaciones del caso”, afirmó.
Y agregó: “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados. Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que este en peligro, quizás sea yo la que me aparte”.
En la denuncia, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal», reveló el diario porteño La Nación.
Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.
“Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada, a todas luces, implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no pasó nada?”, sostuvo el fiscal Ferrari al comenzar su alocución.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, lo sucedido en la audiencia del jueves pasado, cuando la jueza Makintach se sentó en la silla reservada para el presidente del tribunal, que desde el 11 de marzo, cuando comenzó el debate, era utilizada por el juez Savarino, “fue un paso de comedia”.
“Esta situación, para nosotros, compromete el prestigio del Poder Judicial”, afirmó Ferrari.
El pedido de aplazamiento hecho por el Ministerio Público Fiscal cosechó la adhesión de los abogados que representan a los particulares damnificados, los hijos y las hermanas de Maradona.
Burlando habló de desidia y desprolijidad. Y afirmó: “No podemos reponernos del impacto que generó lo vivido y ocurrido durante la última jornada”.
La audiencia había comenzado con una presentación hecha por el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados, quien recusó a la jueza bajo investigación.
“De las pruebas [del expediente que se inició tras la denuncia de Burlando y Baudry] surge claramente que Makintach ha autorizado a gente para que pusiera una cámara el primer día de audiencias, cuando el tribunal había prohibido el acceso de cámaras. No puedo hacer otra cosa que mantener la recusación. Mi interés es respetar los principios de legalidad e imparcialidad de los magistrados que tiene este debate”, afirmó Rivas.
Era un secreto a voces que el debate, tras la escandalosa audiencia del jueves pasado, iba a continuar con los cuestionamientos a la jueza que quedó bajo la lupa por su supuesto vínculo con el documental.
Al tomar la palabra, Nicolás D’Albora, abogado defensor de Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, afirmó: “Coincido que es un hecho de gravedad institucional [la investigación]. Lo de la audiencia [del jueves pasado] ha resquebrajado los cimientos de este debate, pero no me puedo expedir una recusación con base en rumores. Forlini está muy preocupada porque no sabe cuál va a ser su futuro y el futuro del debate. La fiscalía pide una suspensión de diez días y me pregunto, si llegamos al día diez y la causa no avanzó, ¿qué hacemos? Creo que se tiene que certificar la causa penal, acceder todos al expediente y volvernos a juntar el jueves que viene. Dejar en un limbo procesal este juicio va a acrecentar el resquebrajamiento de los cimientos [del debate]. Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados».
