El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 339/2025 la eliminación de 20 artículos de las Leyes 24.467 y 25.872, afectando programas dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y al empresariado joven. La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte de una política que busca «reducir la intervención estatal y promover el libre mercado».
Derogación de políticas PyME
Se dejaron sin efecto artículos que sustentaban programas como el Sistema de Información MIPyME, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo, y el Programa de Desarrollo de Proveedores, entre otros. Estas iniciativas tenían como objetivo brindar asistencia técnica, comercial y legal, así como fortalecer vínculos productivos y de exportación.
Asimismo, se cancelaron políticas para la certificación de calidad, capacitación gerencial y la Comisión Especial de Seguimiento que evaluaba el impacto laboral y empresarial.
El decreto prácticamente desmantela el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, que fomentaba el emprendimiento y la inserción de jóvenes en el mercado con incentivos fiscales y financieros.
Justificación oficial
El Ejecutivo fundamenta estas medidas en la necesidad de avanzar hacia un «modelo económico con menor regulación, menos trabas y una gestión pública más eficiente». Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, muchos programas eran “ineficientes, discrecionales y estériles”.
