Los diputados nacionales socialistas de Encuentro Federal Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley que apunta a regular la publicidad de actos del Poder Ejecutivo durante las campañas electorales de manera tal que el gobierno de turno no pueda hacer un aprovechamiento político en favor de sus candidatos.
El proyecto que modifica la ley 25.188 de Ética Pública en el Ejercicio de la Función Pública postula, en primer lugar, que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas deben tener un carácter exclusivamente “educativo, informativo o de orientación social”.
En ese sentido, los diputados santafesinos plantean en el articulado que «se encuentra absolutamente prohibida toda comunicación, divulgación o difusión de actos de gobierno o de campañas institucionales que suponga la promoción personal de autoridades o funcionarios/as públicos/as a través de cualquier tipo de asociación directa entre estos/as y los anuncios o mensajes oficiales».
Por esa razón, los mensajes o anuncios de Gobierno durante el período de campaña no podrán exhibir nombres, símbolos, imágenes o firmas o cualquier elemento gráfico o visual que se asocie la identidad partidaria de funcionarios o candidatos a cargos públicos.
Tampoco podrán destacar logros de gestión o metas alcanzadas por el Poder Ejecutivo, ni incluir referencias directas o indirectas a la campaña de la agrupación del Gobierno.
Es decir, no estará permitido promover intereses personales de funcionarios, candidatos, o agrupaciones ligadas al signo político del Poder Ejecutivo, ni promover campañas de desprestigio a sectores opositores o críticos al Gobierno.
En la misma línea, se establece la prohibición a los funcionarios de realizar actos inaugurales de obras o promoción de planes y proyectos que puedan promocionar a la agrupación política del Gobierno, o que pueda promover la captación de votos a favor o desincentivar el voto hacia otros durante el período de campaña.
El texto dispone que el incumplimiento de estas disposiciones “será considerado una falta grave y será pasible de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Entre las sanciones estipuladas, se encuentra la quita de espacios de publicidad audiovisual a la agrupación del Gobierno, y la inhabilitación de 1 a 10 años para el ejercicio de cargos públicos.
La presentación del proyecto tuvo lugar la semana anterior, en medio de las críticas al vocero presidencial, Manuel Adorni, por la utilización acelerada de los anuncios gubernamentales en el sprint final de la campaña, lo fue considerado un uso “electoralista” alejado de la ética pública para sacar ventaja sobre sus adversarios de turno.
Según informó el sitio especializado Chequeado.com, en los primeros 4 meses de 2025, el portavoz realizó una conferencia de prensa cada 9 días, mientras que en los primeros 15 días de mayo, en la víspera de los comicios, aumentó la periodicidad a 1 cada 3 días.
