La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 del mediodía, en la que se discutirá el régimen de visitas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolverá un recurso presentado por la defensa de la ex mandataria que cuestiona las restricciones actuales. Según argumentaron sus abogados, las limitaciones impuestas afectan sus «derechos políticos y partidarios» al exigir autorización judicial previa para recibir a dirigentes que no estén incluidos en una lista previamente aprobada.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 había dispuesto que las únicas visitas permitidas sin autorización son las de familiares directos, abogados, médicos y la custodia policial. La defensa de Fernández de Kirchner también objetó la colocación de una tobillera electrónica, pero ese planteo aún no llegó a la instancia de Casación.
El tema generó un fuerte reclamo por parte de legisladores nacionales de Unión por la Patria (UxP), quienes solicitaron formalmente al tribunal la posibilidad de visitar a la ex presidenta sin tener que solicitar autorización previa. En un escrito presentado este martes, diputados y senadores argumentaron que se trata de «una práctica habitual en casos de prisión domiciliaria» y señalaron que impedir estas visitas vulnera la división de poderes y sus derechos como representantes electos.
«Los jueces no pueden imponer restricciones que interfieran en nuestras funciones institucionales», sostuvieron los legisladores, quienes enfatizaron que las inmunidades parlamentarias existen para garantizar el libre ejercicio de la representación popular. Además, advirtieron que el trato diferenciado hacia Fernández de Kirchner es «inconstitucional y excesivamente restrictivo» y apelaron a normas internacionales de derechos humanos para reforzar su postura.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Diego Luciani y Sergio Mola, aún tienen plazo para apelar la prisión domiciliaria otorgada a la ex presidenta, dado que inicialmente se habían opuesto a esta modalidad de cumplimiento de la condena.
Mientras tanto, más de 700 ciudadanos, junto a unos 44 diputados y 30 senadores, solicitaron ser autorizados a visitar a Fernández de Kirchner en su domicilio, ubicado en San José 1111.
Tras la audiencia del 7 de julio, la Cámara Federal de Casación Penal tendrá un plazo de cinco días para resolver si mantiene las restricciones actuales o habilita un régimen de visitas más flexible. La definición del tribunal promete mantener la tensión política y judicial alrededor de la figura de la ex mandataria.
