El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó una sentencia que obliga al Estado provincial a proporcionar al dueño de un campo expropiado el acceso al expediente administrativo original de la expropiación. Además, ordenó que, si dicho expediente estuviera extraviado, deberá ser reconstruido en su totalidad.
La decisión judicial responde a una acción de amparo presentada por Alberto Julio Bonetto, propietario de un campo expropiado en 2002 en el marco de la obra de sistematización de la Laguna “La Picasa”. Bonetto reclamaba la entrega del expediente principal, argumentando que la información recibida anteriormente era incompleta y que la notificación de su extravío vulneraba su derecho constitucional de acceso a la información pública.
La Sala Contencioso Administrativa del TSJ enfatizó que el derecho a la información es un pilar fundamental de toda sociedad democrática y que la Provincia no puede deslindar su responsabilidad argumentando que el expediente quedó bajo la órbita de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), creada en 2017. El tribunal destacó que la causa se había iniciado años antes, dentro de la estructura del Estado provincial, y que este sigue siendo responsable de su integridad.
La resolución también recuerda el principio de máxima divulgación, según el cual toda documentación en poder del Estado debe considerarse accesible, salvo en casos muy específicos que deben justificarse de forma detallada. En ese sentido, subrayó que entregar solo una parte del expediente no satisface el deber legal ni constitucional de transparencia.
Con este fallo, el TSJ revalida el rol del Estado en la conservación de documentos públicos y en la garantía del acceso ciudadano a la información, especialmente en casos que afectan derechos patrimoniales como una expropiación aún no indemnizada.
