Mediante el proyecto de ley número 1.677, presentado por Marcela Pagano (bloque La Libertad Avanza) en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional pretende desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios en todo el país. Entre las modificaciones previstas en dicha iniciativa, se eliminaría la obligatoriedad del pago de cuotas colegiales y tasas regulatorias.
Frente a esta medida, la Unicameral cordobesa sentó posición en su sesión del martes pasado. Cerca de la medianoche, los legisladores debatieron en conjunto tres proyectos de declaración sobre esta iniciativa de la gestión de Javier Milei que busca afectar el ejercicio profesional y reemplazar la colegiación por un registro nacional gratuito, que estaría a cargo del Ministerio de Capital Humano de Nación.
“Es preocupante que ideas como esta se aprueben en el Congreso nacional, porque se debilita a las entidades que regulan el ejercicio de la profesión, no solo se los desfinancia si no que se les quita el control de la matrícula, y en definitiva quienes se ven perjudicados, son los ciudadanos”, sostuvo la legisladora Doris Mansilla, impulsora del expediente número 43.182.
De aprobarse la ley libertaria, los colegios profesionales quedarían despojados de las funciones legales que cumplen en la actualidad, tales como la habilitación del ejercicio, el control de la práctica y la aplicación de sanciones, lo cual afectará la calidad de los servicios que se prestan. “Esto da lugar a los escrupulosos para algún tipo de abuso y los trabajadores se exponen a una precarización en sus condiciones laborales”, sentenció la legisladora.
Finalmente, tras un intercambio de ideas, el pleno legislativo aprobó una declaración de preocupación por el proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación, a la vez que instó a los diputados por Córdoba a que rechacen tal iniciativa.
Cabe destacar que el lunes último, legisladores de los distintos bloques se reunieron con representantes de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc), con quienes coincidieron en defender la actividad de los colegios profesionales de la provincia.
En esa ocasión, la vicegobernadora Myrian Prunotto expresó: “Nosotros, como siempre nos pide nuestro gobernador Martín Llaryora, acompañamos la institucionalidad del gobierno nacional, pero defendiendo a los cordobeses. Por eso, también en este caso, defendemos estas discusiones y las acompañamos. Ustedes son parte de un entramado social que representa a Córdoba. Sepan que en la legislatura, junto a los bloques que están presentes, nos ponemos a trabajar con el compromiso y la garantía de que Córdoba está del lado de ustedes”.
A su turno, María Eugenia Peisinio, presidenta de Fepuc, dijo: “Claramente nosotros estamos convencidos que las profesiones deben estar reguladas. Y deben estar reglamentadas porque cumplimos un rol social, no solamente que cada una de las disciplinas de las profesiones en su carácter individual, sino que el colectivo profesional contribuye a todos los procesos y a todos los sectores que sustentan hasta la economía de una sociedad”.
Por último, Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados, aseguró que los colegios profesionales existen y su funcionamiento es importante en todo el mundo. “La gente tiene que tener un servicio profesional en todas las disciplinas de nuestra Córdoba, que sea realmente controlado y de eficiencia, y la única manera de lograrlo es a través de los colegios profesionales”.
