El escándalo de corrupción que sacude a la Policía de Córdoba sigue creciendo. En el centro de la tormenta se encuentra Maximiliano Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera, quien fue detenido e imputado como presunto “jefe” de una organización delictiva dentro de la fuerza. A su situación judicial se sumó una reciente resolución del Ministerio de Seguridad provincial que oficializa su pase a retiro obligatorio, con el beneficio de una jubilación que superaría los 4 millones de pesos mensuales, según indicó El Doce.
La medida, dispuesta por el ministro Juan Pablo Quinteros y publicada en el Boletín Oficial el pasado 27 de junio, implica su desvinculación definitiva de la institución, aunque podría derivar en una sanción más severa dependiendo de lo que determine la Justicia o un eventual sumario administrativo. Hasta el momento, no se lo trasladó a situación pasiva, como suele ocurrir con efectivos bajo investigación, lo que le habría reducido sus haberes a solo el 30%.
El exjefe policial, actualmente alojado en el penal de Bouwer, está acusado de liderar una trama que incluye delitos como estafas, coacción, extorsión, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. Entre los siete detenidos también figuran su hermano, altos mandos de la fuerza y un civil identificado como Gabriel Élido Burkhard, señalado como el organizador de la asociación ilícita.
La investigación, conducida por el fiscal Guillermo González, reveló la presunta existencia de una red de corrupción que alcanzaría incluso al titular de la Asesoría Legal de la Policía y al director de Protección de Testigos, entre otros funcionarios.
Mientras avanzan las investigaciones, se espera que la Justicia determine la responsabilidad individual de los implicados. Por lo pronto, Ochoa Roldán ya designó como abogado defensor al concejal peronista Ricardo Moreno, quien lo representará en una causa que promete seguir sumando capítulos.
La gravedad de las acusaciones y el beneficio previsional otorgado al principal imputado provocan malestar social e interpelan a las autoridades sobre la necesidad de reformas estructurales dentro de las fuerzas de seguridad.
