El Gobierno nacional avanzó con una reforma clave para el sector minero al modificar las leyes vigentes y simplificar los trámites que deben realizar las empresas. A través del Decreto 249/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se agilizan procesos para fomentar la actividad y atraer inversiones.
La medida, que se encuadra dentro de las facultades otorgadas por la Ley Bases, que atraviesa sus últimos días de vigencia, introduce cambios en las Leyes 24.196, que regula el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, y 24.266, que rige el Banco Nacional de Información Geológica.
Entre las principales modificaciones, se destaca la simplificación del procedimiento para verificar las inversiones realizadas y previstas por las compañías, un trámite que hasta ahora era considerado «complejo y de difícil cumplimiento» por el propio Ejecutivo. Según explicaron, los formularios anteriores incluían más de mil campos, de los cuales el 80% no contaba con respaldo normativo.
Con la nueva normativa, las empresas deberán presentar un informe sobre sus inversiones pasadas elaborado por un profesional independiente, lo que permitirá optimizar los controles estatales y reducir la carga burocrática.
Otro punto relevante es la agilización en la entrega de los certificados de estabilidad fiscal. Este documento, que anteriormente podía demorar hasta un año en ser otorgado, ahora será mucho más rápido de gestionar: bastará con consignar la fecha de inicio de la estabilidad fiscal sin necesidad de detallar todas las contribuciones y tasas aplicables en los distintos niveles de gobierno.
Además, el decreto transfiere la administración del Banco Nacional de Información Geológica al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que dejará de estar bajo la órbita de la Secretaría de Minería. Desde ahora, las empresas deberán aportar la información geológica de superficie de las áreas exploradas, la cual será incorporada al banco de datos del SEGEMAR para su consulta pública.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca dinamizar el desarrollo minero, reducir demoras administrativas y facilitar el acceso a información estratégica para futuras inversiones en el sector.
