El secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, aseguró ayer que aproximadamente 40.000 locales de todo el país que cerraron por el aislamiento social y obligatorio no volverán a abrir sus puertas luego de la pandemia. Es una realidad inexorable, había que luchar contra la pandemia, hay que proteger la salud y estamos totalmente de acuerdo con lo que hizo el presidente Fernández, pero la economía es un tema complicado, tampoco hay vida si no hay economía”, indicó el representante de esa entidad. Y sostuvo: Es imprescindible salvar tantas vidas como se pueda, pero en el proceso hay que ser muy cuidadoso de no destruir la economía”.
El porcentaje de cierre estimado por la CAC alcanza al 11,5% de los comercios que cesaron sus actividades, aunque según detallaron el epicentro del problema es el Área Metropolitana Buenos Aires. La realidad es que hay dos países. Uno es el Amba y otro el resto del país, con muchas provincias que no tuvieron infectados o con muy poco porcentaje”, indicó Grinman. Por otra parte, el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme) le envió ayer una carta a Alberto Fernández en la que le hizo una serie de propuestas para que se garantice la supervivencia” más allá de la pandemia.
Entre las medidas solicitadas se destacan la suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre y la eximición total del pago de servicios públicos hasta esa misma fecha. En relación a la crítica situación en la que se encuentran estas compañías, el vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, aseguró que las pymes necesitarán ayuda estatal para afrontar el pago de aguinaldos. Las pymes estamos solicitando un rescate fiscal, económico y financiero; si tenemos deudas impositivas, con proveedores, alquileres, personal, los bancos, mal podremos avanzar sobre el pago de aguinaldos”, señaló Diab.
La ayuda estatal a las empresas llegará a los $ 170.000 millones
Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), más de 300.000 empleadores se registraron para acceder en junio al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que, se espera, se encargue de los salarios complementarios de más de tres millones de trabajadores. Este beneficio alcanzará entre las dos entregas una erogación estimada de $ 170.000 millones por parte del Estado, de acuerdo a lo previsto la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Por otra parte, el Gobierno aclaró ayer cuáles son las restricciones operatorias y los plazos de tipo financiero que aplican a las compañías que hayan ingresado a este beneficio. Las empresas no podrán distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente; adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior ni realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.
