Un sistema de seguridad comunitaria de un centro vecinal, de apoyo escolar, o una sala de primeros auxilios o atención primaria que sostiene una empresa en el barrio en el que está instalada, o la escuela de deportes y recreación abierta de un club de barrio, suman mucha riqueza y bienestar a quienes los usan, además de maximizar la productividad de los recursos existentes, pero no se miden en el PBI.
Por ello, una sociedad es más rica, no cuando más bienes tienen cada uno o el Estado que la representa, sino cuando más puede usar de esos bienes que por su abundancia no tienen precio. Por el contrario, es más pobre cuando menos bienes comunes tienen para usar, sean parques plazas, calles o servicios básicos –seguridad, justicia, salud pública, educación pública, etc.-.
Así, un plan de desarrollo debe comenzar por definir cuáles son los bienes de uso público que queremos disfrutar sin restricciones, o con pocas solo atendiendo a su eficiencia operativa, que se logra aumentando sus tasas de uso.
Del otro extremo, del conjunto de factores de la producción, las rentas –inmobiliarias, por intereses y monopólicas- son las que menos aportan a la producción de riqueza ya que solo se apropian de lo que otros producen, maximizando su beneficio por la escasez.
Al medio de ambas, la remuneración al trabajo –sueldos y salarios- y los beneficios obtenidos por las empresas en su función de producción, son importantes en la medida que logran un uso eficiente de los recursos adquiridos.
Un plan que maximice el trabajo voluntario y solidario de la sociedad civil, minimice los pagos a rentas –inmobiliarias, por intereses y monopólicas- que promueva y permita la capitalización social y logre eficiencia en la producción de bienes en mercados competitivos, es sin dudas un plan virtuoso y sostenible.
El enunciado es muy simple y deja en evidencia las razones por las que hoy la economía se está auto detonando, mientras que el gobierno desprecia el trabajo voluntario y solidario de organizaciones sociales, maximiza y prioriza los pagos a rentas inmobiliarias, por intereses y monopólicas, además de promover el reemplazo del trabajo en empresas locales por el que se adquiere de otros países, vía importaciones o viajes al exterior.
Obviamente, la realidad es mucho más compleja, sobre todo en los puntos grises de los tres subsistemas –solidario/voluntario, competitivo y rentístico-
En el segmento de bienes y servicios provistos por el sistema solidario/voluntario, la clave es lograr “transparencia total”, de modo que la confianza mutua, las normas efectivas y la adhesión a los principios de la cooperación no dejen lugar a dudas. Eso se puede lograr vía nuevas tecnologías –como contabilidades en Blockchain- que permitan una auditoría social en línea y sin restricciones.
En las rentas –inmobiliarias, por intereses y monopólicas- el cambio debe ser fundamental. No es posible sostener que sean liberadas de impuestos –a los bienes personales, ganancias, inmobiliarios, etc.- salvo que se conviertan en capitales de riesgo en empresas o inversiones directas en activos físicos, rompiendo así el círculo vicioso de especulación y fuga que caracterizó la economía argentina de las últimas décadas.
Por supuesto que el segmento competitivo es el más complejo, tanto por sus interrelaciones con el segmento solidario/voluntario especialmente en zonas periféricas de escaso o nulo interés comercial o político, que requiere no solo trabajo solidario y voluntario, sino ayuda estatal para prestación del servicio en forma eficiente y eficaz.
También es complejo, por la obtención de rentas monopólicas de empresas privadas que usufructúan concesiones exclusivas y el uso abusivo de situaciones monopólicas en zonas y ámbitos rentables, como las que obtienen empresas públicas poco eficientes y eficaces.
Es allí, en ese ámbito que es imprescindible avanzar no solo en la rendición de cuentas bajo los principios ASG –ambiente, social y gobernanza-, los ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenible- y normas de reporte que no solo rindan cuentas, sino que avancen en gestiones orientadas a la sostenibilidad.
Para ello, las instituciones intermedias –Cámaras, Colegios Profesionales, Universidades y Clústeres- tienen un rol clave en la gestión del cambio social requerido, la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo personal y colectivo de talento y su retención.
De ese modo es posible reconocer que “crecer” en un consumo irresponsable, insano o insostenible de los recursos expresados en el PBI, no es una forma virtuosa de desarrollo integral, gradual, acumulativo, planificado indicativo, que necesariamente es potencialmente conflictivo y solo sostenible con mecanismos de inclusión y cooperación.
En definitiva, reconocer que una sociedad que premia las rentas –inmobiliarias, hereditarias, monopólicas y financieras- en detrimento de las remuneraciones al trabajo y la organización empresarial eficiente, no puede tener sino un destino de fracaso en el que solo pueden prosperar los que usufructúan de los privilegios de la propiedad privada parasitaria.
