Como resultado de un trabajo conjunto entre la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), el Colegio de Nutricionistas de Córdoba y la legisladora Brenda Austin (UCR), se presentó este jueves en la Legislatura un proyecto de ley que busca adherir, adaptar y ampliar la aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal en la provincia, con foco en la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes en las escuelas y el establecimiento de criterios específicos para la compra pública de alimentos.
La propuesta de “Promoción de la Alimentación Saludable” busca fortalecer en el ámbito provincial la Ley Nacional N° 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y a la información, y generar entornos que promuevan el acceso a alimentos saludables, especialmente en sectores vulnerables. La iniciativa recibió el acompañamiento de más de una veintena de legisladores de distintos bloques legislativos, oficialistas y opositores, y se prevé que en los próximos días se sigan sumando adhesiones. Además, fue respaldada por diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil a nivel provincial y nacional.
El proyecto de ley surge como respuesta a la preocupante situación epidemiológica de la provincia y el país, donde la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad siguen afectando a una importante porción de la población, especialmente a los más jóvenes, factores que aumentan la prevalencia de enfermedades que generan graves daños a la salud. Según datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, más del 41% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina presentan sobrepeso u obesidad por malnutrición.
“Trabajar sobre la alimentación saludable debe ser un esfuerzo de las políticas públicas para impactar en la calidad de vida de las personas. En ese sentido, la iniciativa que proponemos busca reforzar conceptos de la Ley de Etiquetado, convirtiendo a Córdoba en una provincia pionera, que ya no solo aplique los preceptos de la ley nacional sino que profundice en aspectos que nos parecen centrales en el marco de una autonomía normativa robusta”, señaló Austin.
Al respecto mencionó, por un lado, “lo que hace a los entornos escolares, a la responsabilidad que tiene la Provincia de garantizar que en la provisión de alimentos en las escuelas se garantice una alimentación adecuada, tanto en lo que es el servicio del Paicor para su equilibrio nutricional con alimentos frescos y apropiados, así como también en las cantinas saludables”.
“Y el otro gran foco tiene que ver con las compras públicas, algo que está apenas mencionado en la ley nacional y aquí buscamos profundizar, estableciendo criterios para que al momento de que el Estado provincial haga frente a los programas de asistencia alimentaria o asistencia directa a los comedores, se sigan estos mismos estándares, con alimentos frescos y evitando aquellos con sellos de advertencia. El objetivo es poner al alcance de todas las personas, especialmente de niños, niñas, adolescentes y sectores más vulnerables, una alimentación de calidad”, completó la legisladora radical.
El proyecto de ley se estructura sobre varios ejes fundamentales, especialmente garantizar entornos escolares saludables, prohibiendo allí la oferta, comercialización y publicidad de productos con exceso de nutrientes críticos (como azúcares, grasas y sodio). Además, establece pautas para que los comedores escolares ofrezcan menús más variados, nutritivos y equilibrados estableciendo al menos un 30% deberá ser de alimentos frescos.
A la vez, la iniciativa retoma la restricción de la ley nacional que restringe la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables dirigida a niños, niñas y adolescentes en la vía pública, medios de comunicación provinciales y otros espacios. Y, además, impulsa que las compras públicas del Estado provincial prioricen los alimentos frescos y mínimamente procesados, con un cupo de al menos un 30% proveniente de la agricultura familiar, campesina e indígena de Córdoba y regiones cercanas.
Para monitorear la implementación de la ley en base a mecanismos de transparencia, el proyecto propone además la creación de un Observatorio Provincial de la Alimentación Saludable con participación de la sociedad civil.
En representación de Fundeps, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción y protección de políticas públicas comprometidas con los derechos humanos, el desarrollo inclusivo y el ambiente, Maga Ailén Merlo Vijarra, coordinadora del área de salud, destacó que “en un contexto de creciente inseguridad alimentaria, este proyecto es una oportunidad para que Córdoba lidere la protección del derecho a una alimentación adecuada, sobre todo en la infancia”.
“Queremos escuelas libres de comida chatarra y con educación alimentaria, que los comedores ofrezcan alimentos frescos y nutritivos, que se limite la publicidad que llega a los chicos y que el Estado disponga mecanismos efectivos para el cumplimiento y control de estas medidas. Es una herramienta concreta para cuidar la salud de toda la población, en particular de los niños, niñas y adolescentes”, señaló.
Por su parte, Rosana Fosfato, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Córdoba destacó: “Hoy enfrentamos un grave problema de salud pública que se sostiene desde hace décadas: más del 40% de los niños y jóvenes de 5 a 17 años tiene exceso de peso, y en la población adulta esa cifra llega al 68%. Esto está directamente relacionado con las principales causas de muerte en adultos, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer. Sumado a ésto, los datos sobre el consumo alimentario de la población en general tampoco son alentadores. Este proyecto es una respuesta necesaria y urgente para revertir esta realidad”.
La iniciativa ahora comenzará su recorrido por las comisiones de la Legislatura de Córdoba para su debate y tratamiento.
