La legisladora Brenda Austin (UCR) presentó este lunes un proyecto para que la Unicameral provincial rechace cualquier acción que implique la cesión, transferencia, modificación del dominio o uso de la Reserva Natural de la Defensa La Calera (RNDLC), en medio de las negociaciones por la cancelación de la deuda previsional de la Nación con Córdoba.
“Exigimos transparencia antes de cualquier decisión que afecte la Reserva. Los cordobeses tienen derecho a conocer si se están utilizando bienes estratégicos como moneda de cambio para pagar deudas, comprometiendo el patrimonio ambiental y cultural de la provincia”, remarcó Austin.
Y agregó: “El pago de la deuda previsional debe estar orientado a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados de Córdoba, devolviendo por ley derechos que les han sido quitados. Este acuerdo, de concretarse, tampoco generaría beneficios directos para la situación de la Caja provincial”.
La iniciativa surge a raíz del anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre la pavimentación de la ruta provincial E-64 dentro de la Reserva Natural, la que actualmente depende del Estado Nacional, bajo la órbita de Parques Nacionales y el Ejército Argentino. A ello se sumarían las recientes intervenciones en la zona por parte de la empresa Caminos de las Sierras, a cargo de la obra, quienes estarían marcando plantas nativas para su eventual remoción.
Tal como señala el proyecto, existe la fundamentada sospecha de que esta obra es posible a partir de la cesión de tierras de la Reserva, lo cual forma parte de una negociación con el gobierno nacional para cancelar la deuda de Anses con el sistema previsional provincial. Estas negociaciones se producen en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), creado por decreto nacional del presidente Javier Milei y aprobado sin debate en la Legislatura en diciembre de 2024.
“La Reserva de La Calera es un patrimonio ambiental y estratégico para Córdoba y para el país. El Gobierno de Córdoba está actuando de espaldas a la gente al negociar su transferencia en el marco del canje de deuda, poniendo en riesgo un área protegida que debería preservarse como bien común de las generaciones presentes y futuras”, afirmó Austin, vicepresidenta de la comisión de Ambiente.
Y completó: “¿Y si la plata, que es de la deuda del Anses, va a mejorar en serio las jubilaciones en Córdoba en vez de afectar este territorio protegido?”.
La RNDLC alberga ecosistemas serranos únicos, hábitat de especies autóctonas vulnerables, y cumple funciones esenciales en la captación y regulación del agua. Es, a la vez, pieza clave del Corredor Biológico de Sierras Chicas, espacio de recreación, educación ambiental, investigación científica y sitio de memoria histórica, por la posible existencia de fosas clandestinas, vinculadas al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
Además, la reserva es un espacio estratégico para la seguridad y la defensa nacional, ya que allí se realizan prácticas militares del Ejército Argentino. De hecho, en respuesta a un reciente pedido de acceso a la información pública, formulado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, las autoridades del Ejército resaltaron la importancia estratégica de la Reserva como “uno de los escasos espacios estratégicos disponibles a nivel nacional” para que las unidades militares puedan realizar ejercicios en condiciones que reproducen escenarios operacionales complejos.
En paralelo a este proyecto de declaración, Austin lleva presentados un pedido de informes al Gobierno de la Provincia; una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Defensa de la Nación y otro al Ministerio de Economía; y una solicitud de información al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, aún sin respuestas.
