La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “profunda preocupación ante el grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información” luego de que un juez avalara la prohibición de difundir los audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en medios y redes sociales.
En un comunicado, la CGT calificó la resolución como “un acto de censura previa”, en abierta contradicción con el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información, y prohíben cualquier forma de censura.
Los sindicalistas destacaron que esta situación se produce en un contexto de “creciente hostigamiento a la prensa y agresiones a periodistas”. Además, criticaron un reciente decreto del Gobierno que afecta la actividad de los vendedores de diarios y revistas, conocidos como “canillitas”, cuyo trabajo consideran esencial para garantizar la libertad de prensa.
“Manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos categóricamente la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la democracia”, concluyó la central sindical.
Desde la Casa Rosada, en tanto, se calificó la circulación de los audios como una “operación de inteligencia ilegal destinada a desestabilizar al país en plena campaña electoral”.