La doctora Celina Laje Anaya, funcionaria judicial con 37 años de carrera en el Poder Judicial Federal, presentó hoy una denuncia contra el juez y Presidente de la Cámara Federal de Córdoba Abel Sánchez Torres, la jueza Graciela Montesi, el secretario de Cámara Mario Olmedo y contra quienes pudieran surgir como partícipes o encubridores, por hechos que, según la presentación, podrían configurar graves delitos penales, abuso de autoridad, falsedad ideológica y violencia de género laboral. Durante el mediodía de este jueves, el abogado Carlos Nayi asumió la defensa de los magistrados denunciados.
La denuncia, que consta de más de 100 páginas, fue radicada en los tribunales federales de Córdoba y patrocinada por el abogado Claudio Orosz, quien en diálogo con este medio sostuvo: “En el día de hoy, la doctora Celina Laje Anaya, con mi patrocinio letrado, presentó una denuncia donde se relata pormenorizadamente, en más de 100 hojas, la violencia de género laboral, la afectación a su salud física y psíquica por parte de integrantes de la Cámara Federal de Córdoba y esta seguidilla concatenada de agresiones que culminaron con ella actualmente con licencia por salud, tiene sus orígenes en su negativa a insertar una falsedad ideológica y un decreto que integraba de manera incorrecta y contraria un acuerdo que la Cámara Federal tiene en una causa muy sensible como era una causa de evasión tributaria agravada que tiene que ver con la compañía Bunge. Así que ahora esperamos que la investigación siga su curso y realmente se haga justicia porque no puede haber en el Palacio de la Justicia Federal, acá en el Parque Sarmiento, un señorio feudal, sino que debe haber efectivamente jueces que impartan justicia y no otro tipo de situaciones”.
En contraste, el abogado Carlos Nayi, que recientemente asumió la defensa de los denunciados, habló con Hoy Día Córdoba y defendió con firmeza la conducta de sus representados: “En relación a la denuncia que ha tomado estado público y ha sido formulada en contra del señor Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el doctor Abel Sánchez Torres, en contra de la doctora Liliana Montesi y otro funcionario, luego de haber llevado adelante una reunión prolongada donde me he interiorizado de todos los pormenores que pueden llegar a tener vinculación con esta presentación, he asumido aceptar la defensa desde el convencimiento de que lo denunciado está absolutamente alejado de cualquier inconducta que pueda llegar a merecer reproche ético y menos aún legal, está por debajo de los umbrales de responsabilidad alguna”.
Además, subrayó la necesidad de que el proceso avance con independencia y celeridad: “El objetivo, el pedido de mis representados y que comparte plenamente este criterio, dejar trabajar con absoluta independencia funcional y de criterio a los órganos jurisdiccionales que ya están abocados. Claramente lo que se busca es la verdad real para limpiar el buen nombre y honor de quienes tienen una carrera judicial inmaculada sin ningún tipo de antecedentes, por lo que es prioridad número uno, principio del plazo razonable, llegar de la manera más rápida posible al objetivo. Reitero, no es un proceso dispositivo, el proceso penal, se busca la verdad real y no se puede hacer un poco de justicia a cambio de sacrificar esa verdad total”.
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El origen del conflicto: la causa Bunge
Según la denuncia, los hechos se remontan a fines de 2023, cuando Laje Anaya se negó a certificar un decreto impulsado por el juez Sánchez Torres, que pretendía integrar a su pareja, la jueza Montesi, en una causa por evasión tributaria agravada contra el CEO de Bunge, una de las principales exportadoras del país.
La maniobra, según describe la denunciante, violaba expresamente un acuerdo interno de la Cámara Federal, que estipula que, ante la falta de un tercer juez, la integración debe realizarse por sorteo solo después de emitidos los votos de los dos jueces naturales de la sala. Sánchez Torres, en cambio, habría adelantado la integración de manera irregular, con la presunta intención de asegurar la mayoría y favorecer al imputado con una falta de mérito.
La negativa de Laje Anaya no sólo frustró esa intención, sino que también habría desatado una persecución sistemática en su contra, que incluyó, según relata, maltratos, violencia verbal, discriminación, degradación jerárquica y hostigamiento laboral con sesgo de género. Todo esto habría derivado en graves consecuencias físicas y psicológicas, que la obligaron a tomar licencia médica desde abril de 2024.
Violencia institucional y coacción
A pesar de su licencia, la doctora Laje fue convocada arbitrariamente durante la feria judicial del 16 de julio de 2025 por Sánchez Torres. Según se denuncia, se trató de un acto ilegal y abusivo que buscaba forzarla a firmar una permuta que implicaba su traslado a un cargo de menor jerarquía, alejándola definitivamente de la Cámara Federal, donde se tramitaba la causa Bunge.
La denuncia sostiene que esta permuta fue obtenida bajo coacción, intimidación y aprovechando su estado de salud, todo con el objetivo de eliminar un obstáculo clave para decisiones judiciales de dudosa legalidad, y posiblemente encubrir “intereses indebidos”.
Se espera que la denuncia sea remitida también al Consejo de la Magistratura, donde se evaluará el presunto mal desempeño de los jueces denunciados.
“No puede haber corrupción en la cabeza del Poder Judicial Federal de Córdoba”, se afirma en el escrito presentado. La causa será investigada por un fiscal federal, quien deberá determinar si existen elementos para imputar penalmente a los magistrados señalados.
