El caso por la muerte de Solange Musse, la mujer que tenía cáncer en fase IV y cuyo padre no lo dejaron ingresar a Córdoba durante la pandemia, llega a su cierre debido a que hoy se espera que las partes hagan lectura de sus alegatos finales y luego el jurado popular dictamine si los dos acusados son culpables o no.
El abogado querellante Carlos Nayi le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que este lunes, después del mediodía, se conocerá el veredicto.
El médico Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, quien estaba a cargo del puesto sanitario de dicha localidad en agosto de 2020, serán juzgados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la pandemia por Covid-19.
En la última audiencia prestaron testimonio Diego Cardozo, ex ministro de Salud; el médico Sergio José Ali; el ex director del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el ex director del Hospital de Niños de Córdoba Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Severino Vignetta y el ex miembro del organismo Ciceri.
Durante las dos semanas de juicio también declararon otros funcionarios, policías y médicos. Algunos enfatizaron que la activación del protocolo fue correcta, mientras que otros señalaron que, dada la situación, debería haberse evaluado.
De acuerdo a la acusación, ambos impidieron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
Desde el portal Justicia Córdoba señalan que la requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, en Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
Luego de que se conociera la historia, Solange redactó una carta donde expuso que, hasta su último suspiro “tengo mis derechos”. De igual modo, Solange falleció sin poder despedirse de su papá, lo que provocó una ola de críticas en torno a la causa.
El juicio por el caso Solange Musse
El primero en producir su alegato fue el ministerio público. El fiscal Julio Rivero señaló directamente a Eduardo Javier Andrada y a Isabel Morales como “coautores de abuso de autoridad”, solicitando una pena de un año y seis meses de prisión condicional. Según explicó, el protocolo vigente establecía que “si le daban negativo, debían enviarlo a Río Cuarto, cosa que no sucedió”.
También se cuestionó el trato recibido por Paola Oviedo, acompañante de Solange y persona con discapacidad, a quien “ni siquiera dejaban ir al baño”.
