Mucha esperanza
Córdoba fue una de las provincias más castigadas por el Terrorismo de Estado, incluso desde antes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, con el Navarrazode febrero de 1974 y con el Comando Libertadores (símil de la Triple A), secuestrando y matando a las primeras víctimas desde principios del 75. De hecho, Campo de la Ribera, que era una cárcel militar, fue convertida en campo de concentración a finales de ese año (el segundo en el país luego del de Famaillá en Tucumán), por el abrumador aumento de víctimas.
Por supuesto a partir del 24 de marzo de 1976, las cifras de secuestrados, fusilados y desparecidos fueron bestiales y basta decir que por lo que era el D2 (Dpto. de Informaciones de la Policía), donde hoy es el Archivo Provincial, se estima que pasaron unas 10.000 víctimas; por La Ribera más de 4.000 y por el centro clandestino de La Perla 2.500. Pero en Córdoba funcionaron además muchos otros lugares de detenciones ilegales, de tortura y muerte como la cárcel UP 1 de barrio San Martín, Encausados, comisarías del interior provincial, La Perla chica, entre otros. Recordemos que en Córdoba el primer juicio se hizo en el año 2008 con la Causa Brandalisis y allí el genocida Menéndez recibió la primera perpetua de las trece que le impusieron antes de su muerte, en 2018. Justamente, el “Cachorro” o “Chacal” fue uno de los más despiadados asesinos, que personalmente controlaba la maquinaria de la muerte en las diez provincias que conformaban el Tercer Cuerpo de Ejército que estaba a su cargo. De hecho el puestero José Julián Solanille lo vio en los campos circundantes de La Perla participando de fusilamientos y enterramientos clandestinos. Justamente y gracias al valiente testimonio de este “gringo” que cuidaba caballos y vacas en la zona de La Perla allá por 1976 -y que conocía esos campos como las palmas de sus manos- se sabe que muchos de los cuerpos estarían allí sepultados, más allá de los desenterramientos de los que dio cuenta el represor ya fallecido Bruno Laborda, presuntamente para moler los restos y esparcirlos en la zona de las Salinas camino a La Rioja.
La novedad de las últimas horas, es que se iniciaron nuevas excavaciones en la Loma del Torito, en el marco de la causa Enterramientos Clandestinos, con la participación del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense y con la autorización del Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Hasta ahora, sólo se recuperaron restos de cuatro estudiantes secuestrados en el Parque Sarmiento (Lila Gómez Granja, Alfredo Sinópoli, Ricardo Saibene y Luis Santillán Zevi). Fue en el año 2014 en los hornos de La Ochoa, cerca de la casa de descanso de Menéndez. Por lo tanto, la mayoría de los desaparecidos en Córdoba (2.000 por lo menos), siguen jurídicamente desapareciendo todos los días y por eso prosigue la búsqueda que permitirá completar la verdad histórica y el Nunca Más. La expectativa en relación a estos nuevos trabajos que se extenderían durante tres meses es favorable ya que en estas 10 hectáreas nunca antes se buscó. Como dijo el abogado querellante Ramiro Fresneda, “hay mucha esperanza”.
Vicios intocables
Recuerdo cuando un querido profesor de Psicología explicaba las conductas manipuladoras que usamos para controlar a los demás y entre otras cosas, nos decía: “Superada la inocencia de la niñez, todos nos damos cuenta cuando nos hacemos los tontos”. Y tal vez por este modo mezquino y descomprometido, lo que llamamos La Justicia no levanta cabeza en la consideración social y, salvo honrosas excepciones, permanece en la tabla del descenso. Desde la vergonzosa Corte Suprema de estos tiempos, y para abajo, no dejan de supurar situaciones y denuncias sobre hechos, que a 42 años de recuperada la Democracia ya no tendrían que existir. Sin embargo, el “mejor no me meto, o no te metas” de la dictadura continúa plenamente vigente. Es que la lucha interna por el PODER debe ser tan fuerte y peligrosa, que levantar la voz para decir “esto no está bien”, podría ser regañado con un flor de porrazo. Entonces, mejor cuidar lo propio y hacernos los tontos. Y así el tiempo pasa y la “Corpo” sostiene sus apariencias y sus miserias.
Hace algunos días, una funcionaria de extensa trayectoria en la Justicia Federal de Córdoba, Celina Laje Anaya, denunció al actual presidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres, a la camarista Graciela Montesi y al secretario de la Cámara Mario Olmedo. Fue por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y violencia de género laboral. Dicho de otro modo, supuestamente presionada y maltratada por su negativa a convalidar una maniobra que permitiría beneficiar a la empresa Bunge (la mayor exportadora de granos y aceites de nuestro país), en una causa por evasión impositiva agravada. Por supuesto, la denuncia es grave por quien la hizo, por los denunciados y también por el trasfondo. Por lo tanto, se impone una investigación rápida, cristalina y rigurosa para confirmar o deslindar los reproches, y fundamentalmente para preservar una institución incapaz de autodepurarse y plácidamente acomodada en sus vicios intocables.
