Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), entre 2017 y 2024, en Argentina al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes que estaban a cargo de las víctimas directas de femicidio al momento del hecho. El informe, elaborado por Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), revela que, en la provincia de Córdoba, en 2024, hubo 14 hijas e hijos de víctimas directas de femicidio.
Frente a esta situación, el Poder Judicial de Córdoba ha implementado una serie de prácticas orientadas a garantizar el efectivo acceso a la Ley Brisa (n.° 27452), que reconoce una reparación económica y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de femicidios. Esta ley, sancionada en 2018, establece una reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio u homicidios en contextos de violencia de género. El beneficio se extiende hasta los 21 años o de por vida en el caso de personas con discapacidad.
Las acciones implementadas por la Justicia de Córdoba tienen como objetivo remover obstáculos y asegurar que los derechos se traduzcan en beneficios concretos. Todo ello fue posible gracias al trabajo de articulación entre el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El pasado 10 de septiembre se realizó una presentación de estas experiencias un panel sobre la Ley Brisa en el que también participaron especialistas de Chubut y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Una resolución clave del MPF
En los casos de femicidios seguidos de suicidio, una situación que ocurre con frecuencia, en general, se dejaba a las familias sin acceso a una resolución judicial firme que permitiera acceder al beneficio. Este año, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba dio un paso decisivo al dictar la Instrucción General n.º 02/2025, firmada por la fiscal adjunta Bettina Croppi, que establece criterios uniformes de actuación y plazos para todas las fiscalías de instrucción, con el objetivo de estandarizar la gestión de estos casos, en los que la acción penal no puede continuar. La referida instrucción dispone que, en estos supuestos, se agilice el archivo de la causa, se incluya expresamente la referencia a la Ley Brisa y se notifique a los familiares o responsables de cuidado en lenguaje sencillo. También dispone capacitaciones específicas en la temática todo el personal del MPF.
Al respecto, la fiscal adjunta Croppi explicó la importancia de este cambio en el contexto de la política institucional: “En el Plan de Diseño Institucional 2021-2016 la reparación a las víctimas es un eje transversal. Se inscribe también en un cambio de paradigma en la respuesta que damos como como fiscales a la sociedad, en general. Históricamente, el Ministerio Público Fiscal ha tenido como norte la represión de delitos (…) El paradigma ha cambiado por un paradigma de respuesta y de servicio a la sociedad. La sociedad nos exige como servidores públicos que somos una reparación integral y una respuesta integral. La víctima que durante tantísimos años ha estado invisibilizada en el proceso penal, progresivamente, ha adquirido el espacio que le es propio”.
Acciones por parte del MPD. El acompañamiento asistido por la UDV
En paralelo, el Ministerio Público de la Defensa dictó recientemente la Instrucción General 02/2025, mediante la cual dispuso que todos los integrantes de las diversas defensorías públicas de la provincia, difundan y promuevan el acceso a los derechos de la ley, mediante un trabajo articulado e interinstitucional; pero también de mayor presencia y acompañamiento a niños, niñas, adolescentes hasta los 21 años y las personas con discapacidad sin límite de edad, beneficiarias de la reparación económica.
Entre las obligaciones que se imparten está la de informar de manera clara y sencilla a la persona beneficiaria o a su responsable, sobre la existencia del régimen y el mecanismo para poder acceder al mismo; asesorar sobre la documentación que le será requerida por ANSES y articular entre las diversas defensorías públicas, oficinas y equipos técnicos del MPD para su obtención rápida, estableciéndose la prioridad de atención.
Por su parte, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV), dependiente del Ministerio Público de la Defensa, cumple un papel central para tomar contacto y localizar a familiares de las víctimas. Esto, con la finalidad de acompañarlos personalmente en los trámites ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En este sentido, las auxiliares de la Defensa Pública Paula Rivera y Paula Reale detallaron su trabajo cotidiano: “Muchas familias desconocían la existencia de la Ley Brisa. Desde la UDV, las contactamos, reunimos la documentación y las acompañamos para que el derecho se haga efectivo”. En los casos en que las familias de las víctimas residen en el interior, la UDV articula con defensorías locales y utiliza entrevistas virtuales o telefónicas para reducir las barreras de acceso.
La oficina también se encarga de gestionar partidas, actas y sentencias cuando la familia no cuenta con esos documentos, evitando que las trabas burocráticas se conviertan en nuevos factores de revictimización. El modelo de acompañamiento asistido se detalla en el Manual Operativo elaborado por el Programa de Acceso a Justicia de sectores vulnerables de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del TSJ en conjunto con el equipo de la UDV y autoridades del MPD.
Base de datos y articulación
La Oficina de la Mujer del TSJ de Córdoba aporta la información a partir de la identificación de las víctimas de femicidios que tienen hijos e hijas a cargo, en base a los datos informados al RNFJA y al observatorio de sentencias de femicidios de la Oficina de la Mujer de la CSJN.
Esta sistematización resulta clave para detectar a hijas e hijos en condiciones de acceder a la reparación. Se cuenta con la colaboración de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión del MPF, a cargo de Lourdes Compagnucci, que, a través de su equipo de datos, aporta la información necesaria para completar la base de casos relevados para la Ley Brisa.
En tanto, el equipo de la UDV trabaja articuladamente con el Polo Integral de la Mujer. Colabora en la gestión de los casos en los que viene trabajando el Área de Asistencia de dicho organismo, a los fines de cooperar en los trámites judiciales necesarios para que las personas beneficiarias puedan acceder a la reparación establecida en la ley.
Con la instrucción general del MPF, la intervención personalizada de la UDV y la sistematización de la Oficina de la Mujer, Córdoba consolida un camino que busca transformar el reconocimiento legal en una reparación efectiva para las niñas, niños y adolescentes alcanzados por la Ley Brisa.
Un esfuerzo conjunto
La experiencia de Córdoba fue compartida en un panel “Prácticas judiciales que facilitan el acceso a la reparación para víctimas de violencias de género. Experiencias sobre la Ley Brisa en CABA, Chubut y Córdoba”. El encuentro se realizó el pasado 10 de septiembre y participaron Marisa Fassi de AJUV, Noris Pignata (CABA), Mariana Ripa y Marisa Barcelona (Chubut), Bettina Croppi (Córdoba) y Paula Rivera y Paula Reale (Córdoba).
Las disertantes compartieron las distintas experiencias avances y desafíos en cada jurisdicción. La actividad, organizada por la Oficina de la Mujer del TSJ de Córdoba, contó con la participación de más de 300 personas, entre participantes presenciales y virtuales.
