Una amenaza de bomba puso en alerta a quienes se encontraban en el edificio del Poder Judicial de San Carlos de Bariloche, lo que provocó un amplio operativo en la zona.
El hecho ocurrió este miércoles y las autoridades a cargo de la investigación informaron que ya tendrían identificado al autor del llamado anónimo.
La Fiscalía de Bariloche confirmó que la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) del Ministerio Público avanzó en la investigación y que ya tendrían “identificada a la persona asociada a la línea desde la cual se habría efectuado la llamada minutos después de las 8 de la mañana del miércoles 19 de noviembre”, destaca el parte dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal provincial.
Con esos datos, el fiscal dispuso una serie de allanamientos destinados a secuestrar dispositivos electrónicos y obtener evidencia en la causa caratulada como presunta intimidación pública y perturbación del ejercicio de funciones públicas.
A su vez, el fiscal requirió la detención de la persona señalada como presunta autora de la llamada, quien ya enfrenta una acusación por robo agravado, cuya instancia de debate en su contra comenzó el mismo día de la amenaza.
En las últimas horas se realizaron procedimientos en tres viviendas particulares: dos ubicadas en el barrio Virgen Misionera y una en la zona del kilómetro 20, mientras que, en cada domicilio se secuestraron diversos elementos, entre ellos más de diez celulares.
También indicaron que se requisó a un preso alojado en el calabozo del edificio judicial, donde también se secuestró un teléfono y el sujeto se encontraba en Tribunales para participar en el juicio, el cual tenía previsto iniciar a las 9:00 horas.
Según la acusación, “habría integrado un grupo de tres hombres que, el 25 de diciembre pasado, se habría apoderado ilegítimamente de dinero en una vivienda a la que ingresaron luego de romper una reja”.
Se destaca que el joven de 20 años, uno de los implicados en el robo, sería quien realizó la llamada amenazante, debido a que el análisis de OITEL destaca que la línea telefónica está vinculada al delincuente.
“La intención habría sido impedir la realización del debate”, explicaron, aunque, no obstante, el juicio comenzó minutos después y se desarrolló con normalidad. El veredicto será dado a conocer el próximo 27 de noviembre.
A partir de ahora la investigación buscará determinar de manera fehaciente la eventual relación entre las comunicaciones detectadas y la intención de obstaculizar el inicio del debate oral.
