El concejal del partido de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentó otro amparo colectivo (el segundo desde que se conoció la posible privatización) ante el Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA).
Esta empresa perteneciente al Estado Nacional es la encargada de operar las tres centrales nucleares del país y, con el amparo de Martínez, queda asentada la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y el riesgo que implica esta privatización para la soberanía energética.
NA-SA opera en Atucha I, Atucha II y Embalse y, contrariamente a la idea que establece el Gobierno Nacional con respecto vender aquellas empresas públicas que provocan pérdidas, ésta es rentable: solo en el primer trimestre de este año obtuvo 17 millones de dólares en ganancias.
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados”, expresa el amparo presentado por el concejal.
Asimismo, solicita una medida cautelar para pausar cualquier tipo de “licitación, oferta o transferencia de acciones” y, de esa manera, mantener el mismo escenario hasta que, efectivamente, se tome una decisión teniendo en cuenta los amparos presentados.
Por otra parte, también se pretende frenar una posible privatización parcial, debido a que ello influiría en los aumentos tarifarios y en el desfinanciamiento del sector: “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, explica el texto.
El amparo anterior había sido presentado por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, donde solicitó “la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía”. Lo hizo en el juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.
“Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”, concluyó Martínez en el documento.
