Cada 25 de noviembre, en el mundo retomamos una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y persistentes: la violencia contra mujeres y niñas. Según la ONU, una de cada tres atravesó violencia física o sexual a lo largo de su vida, mientras cada diez minutos una mujer o niña es asesinada por su pareja o un familiar.
Este año, la campaña internacional que inicia los tradicionales 16 días de activismo (del 25 de noviembre al 10 de diciembre) pone el foco en un escenario cada vez más decisivo: la violencia digital, un ámbito donde las agresiones se multiplican al amparo del anonimato, y se expande por la falta de regulación y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial.
“El abuso digital es violencia real”, advierte la ONU. Desde el troleo sistemático, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el doxeo y los discursos de odio, hasta la generación de deepfakes pornográficos, el 90-95% son no consensuados y casi siempre dirigidos a mujeres, las agresiones digitales tienen efectos concretos que derivan en daño psicológico, coacciones, violencia física e incluso femicidios.
Las mujeres con alta exposición pública activistas, políticas, periodistas están entre las principales afectadas: el 73% de las periodistas admite haber sido atacada en línea. A su vez, solo un 40% de los países cuenta con leyes para perseguir el ciberacoso y el ciberacecho, lo que deja a 1.800 millones de mujeres sin protección legal.
En el 2025 se registró en Argentina un femicidio cada 26 horas
En Argentina, la violencia machista continúa marcando cifras críticas. Solo en enero de 2025 se registraron 29 femicidios, es decir, uno cada 26 horas, según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación, por su parte, relevó 252 femicidios en 2024, incluidos femicidios vinculados, transfemicidios y muertes violentas en contextos de narcocriminalidad.
El dato es contundente: el 66% de las víctimas fue asesinada en su casa o en la vivienda compartida con el agresor, y en el 84% de los casos había un vínculo previo entre víctima y victimario. 169 niñas y niños quedaron huérfanos ese año.
Provincias como Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Salta encabezan las tasas más altas en relación con su población.
La dimensión silenciosa
La primera encuesta de prevalencia de violencia de género realizada en 12 provincias del país expone otra arista: el 45% de las mujeres encuestadas sufrió algún tipo de violencia por parte de una pareja o expareja.
Entre los principales datos recolectados:
- El 42% atravesó violencia psicológica.
- El 23% sufrió violencia económica y patrimonial.
- El 23% vivió violencia física.
- El 18% experimentó violencia sexual por parte de una pareja.
- 1 de cada 10 mujeres en pareja sufrió violencia en el último año.
Además, casi un tercio de quienes padecieron violencia por una expareja afirmaron haber perdido el deseo de seguir viviendo, lo que evidencia la profundidad de las secuelas emocionales.
Políticas públicas
Argentina cuenta con marcos legales y herramientas clave como la Ley 26.485 de Protección Integral, la Línea 144, la Ley Micaela y el sistema de registros judiciales de femicidios. Sin embargo, especialistas advierten que las políticas de prevención, acompañamiento y justicia continúan siendo insuficientes.
En un contexto político signado por discursos negacionistas y el descrédito hacia el movimiento feminista, resulta necesario el subrayar que estos avances no son privilegios, sino derechos conquistados para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y desigualdad.
Cómo participar de los 16 días de activismo
La campaña global “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra mujeres y niñas” convoca a gobiernos, plataformas tecnológicas y ciudadanía a promover entornos seguros, denunciar abusos y acompañar a las sobrevivientes. Los recursos y actividades están disponibles en los materiales de ONU Mujeres.
La mirada fragmentada: una violencia que cambia de forma más rápido que las respuestas
Sin embargo, muchos estudios tienden a segmentar estas formas de violencia, lo que dificulta una comprensión integral del fenómeno. La falta de datos sistematizados, especialmente en contextos locales, contribuye a subestimar la conexión entre estas violencias y a reducir el problema a episodios o estadísticas fragmentadas.
Esa mirada fragmentada impide ver la matriz común: un sistema patriarcal que reproduce desigualdades, limita la autonomía y sanciona el ejercicio de libertad de las mujeres tanto en el espacio público como en el privado, tanto en la calle como en la pantalla.
Reconocer esta estructura es esencial para elaborar políticas públicas efectivas. Medir la violencia es importante, pero insuficiente: los números deben inscribirse en una lectura crítica que entienda que cada forma de agresión, desde un golpe hasta una amenaza en redes, responde a una misma lógica de subordinación.
Sin esa perspectiva sistémica, los esfuerzos por erradicar la violencia de género corren el riesgo de quedarse en intervenciones parciales que no modifican las raíces del problema. En definitiva, la violencia contra las mujeres, física o digital, solo puede abordarse si se reconoce como una expresión múltiple de un mismo sistema que necesita ser transformado en su totalidad.
De esta manera, poco a poco, la violencia contra las mujeres dejó de ser concebida como un asunto íntimo para convertirse en un fenómeno político, social y estructural. Su reconocimiento como problema público no solo permitió visibilizarla, sino también desmontar las interpretaciones que la reducían a conflictos individuales/asilados o patologías privadas.
Hoy sabemos, gracias a décadas de producción feminista, denuncias colectivas, activismo y transformaciones legales, que se trata de una expresión directa de la desigualdad de género y del orden patriarcal que la sostiene. Comprenderla como construcción social implica reconocer que esta sostenida por normas culturales, históricas y políticas que aún persisten.
Pero por sobre todo reconocer que no es algo inevitable, sino que puede y debe ser transformada mediante políticas integrales, un estado presente, y compromiso colectivo.
Un compromiso cotidiano
Así pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia, informarse, compartir herramientas de prevención, interpelar prácticas naturalizadas, y abrir conversaciones incómodas, son una forma de transformar las condiciones que habilitan la violencia, disputar esos mandatos que buscan mantener a las mujeres aisladas, silenciadas o culpabilizadas.
Porque, la erradicación de la violencia contra las mujeres no depende sólo de políticas públicas o dispositivos institucionales. También se construye desde abajo, desde los vínculos, desde las decisiones que cada persona toma en su entorno inmediato.
