La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves, en la 22ª sesión ordinaria y última del año, la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo autónomo destinado a supervisar el sistema penitenciario y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad. La iniciativa, presentada por la legisladora oficialista Nadia Fernández, fue aprobada con 35 votos a favor y uno en contra, en medio de un debate tenso que incluyó críticas opositoras, modificaciones de último momento y el retiro en bloque de casi todas las bancas no oficialistas.
El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Poder Judicial, con autonomía funcional y sin interferir en las competencias del Ministerio Público Fiscal ni en otros mecanismos de control ya existentes. Tendrá a su cargo la inspección de cárceles, alcaidías y cualquier espacio de detención, la emisión de recomendaciones formales, la solicitud de medidas urgentes ante situaciones de vulneración de derechos y la posibilidad de promover acciones judiciales para resguardar a personas detenidas.
Cambios al proyecto original
Fernández informó en el recinto que, tras el trabajo en comisiones, se introdujeron modificaciones claves en los artículos 3 y 5 y se eliminaron los artículos 26 y 27. El artículo 3 establece que la Procuración estará compuesta por un Procurador General, hasta cuatro adjuntos —cuya cantidad definirá el Ejecutivo según necesidades operativas— y dos secretarías técnicas.
El artículo 5 fija que el Procurador General tendrá un mandato de cinco años y podrá ser reelegido por un período consecutivo, equiparando la figura a la del fiscal General. A diferencia del proyecto original, el procurador ya no contará con inamovilidad ni accederá al régimen previsional especial del Poder Judicial, puntos que generaban fuertes objeciones. Sí mantendrán la garantía de inamovilidad los procuradores adjuntos y las secretarías técnicas, que podrán ser removidos únicamente bajo los criterios aplicables a los jueces y gozarán de las mismas inmunidades e incompatibilidades.
También fueron retiradas del texto las disposiciones que permitían a los futuros integrantes del organismo acceder a jubilaciones de privilegio o ingresar al régimen especial con apenas cuatro años de aportes.
Cruces, acusaciones y retiro opositor
El debate se extendió por más de cuatro horas y estuvo dominado por cuestionamientos de la oposición, que criticó la velocidad del tratamiento, la estructura del ente y la designación de cargos con altos salarios equiparados a los de funcionarios judiciales. Según el proyecto, el Procurador percibirá un sueldo equivalente al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, los adjuntos cobrarán como defensores generales y los secretarios como jueces de primera instancia.
“Ustedes perdieron toda credibilidad: no les interesa mejorar las cárceles, no consultaron a nadie y usan un tema sensible para crear una estructura de cargos para sus amigos”, lanzó el juecista Walter Nostrala, quien incluso insinuó posibles nombres para ocupar los cargos. Desde el radicalismo, Brenda Austin enumeró la crítica situación penitenciaria, los casos de torturas y muertes recientes y los incumplimientos provinciales con los estándares internacionales, afirmando que el nuevo organismo no resolverá esos problemas. Momentos después publicó en X su descargo, calificando la situación de «atropello institucional».
Sí Spacecci no estuviera sentado ahí este atropello institucional no se podría producir. El peronismo haciendo peronismo de la peor manera posible. Repartiendo la plata de todos, en cargos millonarios pero ineficaces para el fin que suponen tener. pic.twitter.com/SrtEsrPqTd
— Brenda Austin (@brendalisaustin) December 11, 2025
El legislador Miguel Nicolás también embistió: “El Gobernador pretende seguir con su estafa, pagando sueldos millonarios sin razón ni control”.
Cuando Fernández se disponía a exponer los cambios incorporados, la oposición se retiró del recinto. “La única política penitenciaria que ustedes ejecutaron fue la venta fraudulenta del Buen Pastor”, reprochó la legisladora al radicalismo antes de continuar con la presentación del dictamen de mayoría.
El socialista Matías Chamorro, integrante de Provincias Unidas, respaldó la creación del organismo aunque aclaró que su función no reemplaza el mecanismo local de prevención de la tortura, tema sobre el cual el Comité Nacional de Prevención de la Tortura envió una nota señalando inconsistencias del proyecto.
El único opositor que permaneció en su banca y votó en contra fue el legislador libertario Agustín Spaccesi.
No veo una postura más socialista que impulsar un proyecto de Ley para que el 85% de las y los jubilados recuperen el 82% móvil que les corresponde por derecho.
No escuché a la oposición provincial decir ni una sola palabra respecto de la plata que Milei le debe a Córdoba y… pic.twitter.com/n60DRBNjpg
— Matías Chamorro (@MatiChamo) December 11, 2025
Otras decisiones de la sesión
Durante la jornada, la Legislatura también aprobó la licencia del legislador Juan José Blangino, cuya banca será ocupada temporalmente por Gabriela Ruth Mansilla hasta el 10 de enero. Asimismo, comenzó a regir la licencia de Rodrigo Agrelo, por lo que Gerardo José Grosso asumió su lugar hasta junio de 2026.
Con la aprobación de la ley, Córdoba contará con un nuevo organismo orientado a reforzar los estándares de control penitenciario, en una jornada legislativa que cerró el año con un debate intenso y divisiones notorias entre oficialismo y oposición.
