La causa por trata sexual de alumnas de escuelas secundarias en la provincia de Salta sumó nuevas víctimas y ya asciende a 33 el número de adolescentes afectadas, mientras que son nueve los imputados por integrar la red delictiva.
Frente a la magnitud del caso, la Justicia autorizó ampliar las imputaciones penales y extender el plazo de investigación hasta fines de mayo de 2026.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, durante una audiencia en la que hizo lugar al pedido de los fiscales Eduardo Villalba y Roxana Gual, quienes llevan adelante la pesquisa sobre una organización dedicada a captar alumnas de colegios públicos y privados con fines de explotación sexual.
La investigación se inició a mediados de junio pasado, tras la primera denuncia. Ese avance permitió que en septiembre fueran detenidas cuatro personas, imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la minoridad, la vulnerabilidad y la cantidad de víctimas, así como por la pluralidad de intervinientes y la consumación del delito. Con el correr de los meses, se incorporaron otros cinco sospechosos a la causa.
Durante la pesquisa, los investigadores lograron establecer que el número de víctimas creció de tres a 33, aunque no se descarta que haya más adolescentes afectadas.
Según información publicada en el portal Fiscales y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia inicial fue realizada por la madre de una de las jóvenes, quien advirtió que su hija tenía un teléfono celular de alta gama y, al revisarlo, encontró mensajes de contenido sexual.
Entre ellos, uno enviado por un remisero hoy imputado, en el que hacía referencia a su otra hija, de 12 años.
La fiscalía detalló el rol de cada uno de los acusados y describió el funcionamiento de la red, cuyo objetivo principal era la explotación sexual de niñas y adolescentes. “La perversidad era tal que descartaban a las adolescentes cuando avanzaban en edad; al cumplir los 18 años, las desechaban”, señalaron durante la audiencia.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el presunto fundador de la organización, quien recibía dinero por coordinar los encuentros, remarcó que no fue el único encargado de la captación.
De acuerdo con los testimonios, todos los imputados tuvieron algún grado de participación y un patrón común surgió entre las víctimas: los acusados les pedían que incorporaran a más amigas.
En el cierre de la audiencia, la fiscalía advirtió que aún resta analizar un volumen significativo de pruebas, lo que podría permitir la detección de otros delitos o la identificación de nuevas personas involucradas en la red de trata.
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