El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Subrogante contra diez personas imputadas por la supuesta comisión de asociación ilícita y estafas reiteradas, cometidas a través de empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas.
El juez Gustavo Hidalgo rechazó la oposición a la elevación a juicio planteada por la defensa de dos de los imputados y denegó el cese de prisión preventiva para el supuesto jefe de la organización. El magistrado destacó la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad de los hechos y el pronóstico punitivo.
Según la acusación, los imputados Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani conformaron una organización criminal destinada a cometer delitos contra la propiedad, que operaba bajo distintos nombres comerciales como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista.
Mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, páginas web y contratos ficticios prometían construcciones en seco con plazos reducidos y pagos por avance de obra; pero incumplían sistemáticamente y usaban excusas para exigir pagos adicionales y adendas que agravaban el perjuicio.
La estructura de la organización evidenciaba roles definidos: un jefe que lideraba y negociaba directamente con las víctimas; un organizador encargado de coordinar tareas y excusas; y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas.
Se les atribuye haber utilizado renders irreales, fotos de obras ajenas y referencias falsas para captar clientes. La prueba de cargo prevaleció sobre la de descargo, lo cual permitió alcanzar el grado de probabilidad requerido para elevar la causa a juicio, entre los que se destacan testimonios de ex empleados de la organización, mensajes de texto de los imputados y evidencias de los ardides que utilizaban.
Los hechos involucran a más de 30 víctimas de Córdoba y otras provincias, inducidas a error para entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias de dinero u otros bienes de carácter patrimonial, sin recibir las obras prometidas o con construcciones defectuosas e inconclusas, generando ganancias ilegítimas indeterminadas para la organización.
