La Municipalidad de Villa Allende pondrá en marcha a partir de febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias mediante la instalación de portones, una decisión que cuenta con el respaldo de la Justicia y que apunta a frenar el crecimiento de la inseguridad en la ciudad.
La iniciativa fue validada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró el plan “razonable y proporcional al fin perseguido”, al entender que se trata de una respuesta excepcional frente a la emergencia en materia de seguridad. El fallo no registra antecedentes similares en el territorio provincial.
El intendente Pablo Cornet defendió la decisión y remarcó que el programa se enmarca en un “Plan integral de prevención del delito y seguridad vecinal”. Según datos oficiales, cerca del 60% de los robos registrados en la localidad se producen durante la noche. “No es una definición ideológica, sino una solución práctica ante una situación crítica”, sostuvo el jefe comunal, quien recientemente fue víctima de un asalto en su propio domicilio.
En una primera etapa, el municipio prevé colocar quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur. Las restricciones regirán entre las 22 y las 6, con control a cargo de personal municipal, y permitirán el ingreso y egreso de vecinos autorizados.
Pese al aval judicial, la medida desató un fuerte debate. Sectores de la oposición y grupos de vecinos presentaron amparos colectivos al considerar que el cierre de calles públicas vulnera derechos básicos como la libre circulación y la igualdad ante la ley.
La concejal Marta Banegas cuestionó el enfoque y advirtió que “en lugar de políticas de inclusión se promueven políticas de segregación, lo cual resulta peligroso”.
Desde el municipio replicaron que la restricción es parcial, temporaria y se apoya en la emergencia de seguridad declarada en 2023. Además, el plan contempla otras acciones complementarias, como la instalación de 300 cámaras de videovigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho nuevos móviles para conformar corredores seguros.
Los vecinos que impulsaron las acciones judiciales ya anticiparon que apelarán la resolución, por lo que la continuidad del sistema de portones quedará ahora en manos de una instancia judicial superior, mientras Villa Allende se prepara para aplicar una de las políticas de seguridad más controvertidas de la provincia.
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