Los demandantes del juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que ordene a la República Argentina informar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro, en el marco del proceso para ejecutar la sentencia dictada contra el país.
El pedido apunta a avanzar en el cobro del fallo que condenó al Estado argentino a pagar más de US$16.000 millones, al considerar que el Gobierno estaría implementando una estrategia de ocultamiento de activos para evitar su cumplimiento.
La presentación fue realizada el 21 de enero de 2026 por el estudio Levine Lee LLP, que representa a los beneficiarios del fallo, y denuncia incumplimientos de órdenes judiciales emitidas en agosto de 2025, entre ellas la obligación de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.
Acusaciones de obstrucción
Según los fondos Petersen y Eton Park, la Argentina designó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo que interpretan como una maniobra de obstrucción en el proceso de identificación de bienes embargables. Para los litigantes, esa decisión “equivale a una falta de comparecencia”.
En el escrito presentado ante el tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 millones en reservas de oro”, en un contexto de precios récord del metal.
La nota judicial sostiene que funcionarios de alto rango poseen acceso directo a la información requerida. En ese sentido, menciona al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, a quienes señala como conocedores del traslado y administración de los activos.
Pedido al tribunal
Ante esta situación, los demandantes solicitaron que la jueza Preska obligue a la Argentina a presentar de inmediato una declaración jurada detallando la ubicación, movimientos y cuentas vinculadas a las reservas de oro. En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron la convocatoria a una audiencia probatoria, con testimonio de Caputo y otros funcionarios.
Además, reclamaron que se ordene al Estado argentino pagar los honorarios legales derivados de lo que califican como una conducta obstructiva.
Antecedentes del juicio
El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre la participación mayoritaria que estaba en manos de Repsol. Posteriormente, los fondos Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos del reclamo y demandaron a la Argentina en Estados Unidos por violación del estatuto de la compañía.
En septiembre de 2023, Preska falló contra el país y fijó una indemnización superior a los US$16.000 millones, más intereses. Desde entonces, los demandantes buscan identificar activos argentinos en el exterior que puedan ser ejecutados, mientras el Gobierno sostiene que las reservas del Banco Central están protegidas por la inmunidad soberana.
El pedido sobre el oro suma así un nuevo capítulo a una causa que continúa escalando en complejidad y riesgo financiero para la Argentina.
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