El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana la maquinaria legislativa con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la hoja de ruta oficialista es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional: es «altamente probable» que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados.
Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.
El calendario de votación y la negociación con gobernadores
En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para «blindar» los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores «dialoguistas» —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.
Ratificación unilateral del acuerdo con la UE
Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. «Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa», afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.
La estrategia legislativa busca replicar el esquema del Presupuesto 2026: centralizar el diálogo en la mesa política para evitar «arreglos paralelos», delegando el poroteo fino en Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).
