La crisis dentro de las fuerzas de seguridad de Santa Fe sumó este martes un nuevo capítulo de tensión con protestas simultáneas en distintos puntos de la provincia, incluida una concentración frente a la Casa de Gobierno.
Agentes activos y retirados de la Policía provincial, personal del Servicio Penitenciario y familiares se movilizaron para visibilizar reclamos vinculados a los salarios, las condiciones de trabajo y la salud mental del personal.
En la capital santafesina, un grupo de manifestantes se congregó en Plaza de Mayo desde la noche del lunes. El operativo de seguridad incluyó el corte de calles aledañas mediante patrulleros y la custodia del edificio gubernamental por parte de efectivos de la Policía de Acción Táctica.
En ese marco, más de 60 personas fueron trasladadas al área de Judiciales para su identificación, y se dispuso el retiro preventivo de chalecos antibalas y armas reglamentarias.
Las protestas también se replicaron en Rosario, donde durante la madrugada del martes la situación derivó en momentos de fuerte tensión. Allí, efectivos que se encontraban patrullando decidieron sumarse a los reclamos iniciados por allegados y compañeros, lo que desencadenó enfrentamientos entre miembros de la propia fuerza, sirenazos, cortes de calles y el acuartelamiento de algunos sectores.
Liliana Ritvo, policía retirada, advirtió que el personal atraviesa “una crisis social, económica y psíquica” y remarcó que portar un arma en ese contexto agrava la situación. También puso el foco en la multiplicidad de funciones que cumplen los efectivos y en la cantidad de suicidios registrados en los últimos años.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reconoció la legitimidad de parte de los reclamos, aunque fue enfático al advertir que no permitirá que se utilice a la institución policial para afectar la política de seguridad. Confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas y que al menos una veintena de agentes serán pasados a disponibilidad, además de anticipar investigaciones por posibles delitos.
Días atrás, el Ejecutivo santafesino había anunciado un plan integral para las fuerzas de seguridad, que incluye mejoras económicas, refuerzos salariales mediante pluses para personal operativo y choferes de patrulleros, la duplicación de la Tarjeta Alimentaria Policial, la actualización del valor de las horas extras y la creación de un programa de salud mental con cobertura para el grupo familiar. También se prevén beneficios en transporte y alojamiento para quienes prestan servicio lejos de sus lugares de origen.
Sin embargo, pese a estos anuncios, las protestas continuaron y se extendieron a otras localidades como Vera, Reconquista y Rafaela.
Los manifestantes reclaman, además, el cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de las movilizaciones iniciales y una recomposición salarial que garantice ingresos acordes a la canasta básica.
El conflicto permanece abierto y mantiene en alerta a la provincia ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.
Esta noticia nos trae a la memoria lo ocurrido en aquel pasado 2013, en Córdoba, con los reclamos salariales de la Policía que comenzaron en noviembre de ese año. Y un mes después al no alcanzar un acuerdo, el conflicto desembocó los múltiples saqueos en la Provincia.
