La Asamblea Nacional de Venezuela postergó para la próxima semana la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras desacuerdos en torno al artículo 7, que define los delitos excluidos del beneficio.

“Continuaremos la discusión en la próxima sesión la semana próxima”, anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión.

El pedido de aplazamiento fue formulado por Jorge Arreaza Montserrat, titular de la comisión especial encargada de la consulta del proyecto.

La iniciativa, compuesta por 13 artículos, logró la aprobación de los primeros seis apartados antes de que el debate quedara trabado en el artículo 7.

Ese apartado excluye de la amnistía a personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de “violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, conforme al artículo 29 de la Constitución venezolana.

También deja fuera a quienes hayan sido procesados o condenados por homicidio intencional, tráfico de estupefacientes con pena mínima superior a nueve años y delitos contra el patrimonio público.

La redacción y el alcance de estas exclusiones generaron diferencias entre los diputados, lo que impidió avanzar hacia la votación definitiva.

Críticas de organizaciones civiles

La ONG Acceso a la Justicia cuestionó el contenido del proyecto y advirtió que incurre en “contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’”, lo que —según sostuvo— presupone responsabilidad penal y podría desnaturalizar la figura de la amnistía.

En un comunicado difundido durante el debate, la organización también criticó la inclusión del concepto de “clemencia soberana”, al considerar que implica el reconocimiento previo de culpa. “La amnistía, por definición, no prejuzga”, señaló.

Asimismo, alertó sobre un posible “conflicto de intereses”, dado que la ejecución de la ley quedaría en manos de tribunales y la Fiscalía, instituciones que —según recordó— han sido señaladas por organismos internacionales, incluida la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, por su actuación en casos de presunta represión.

Activistas y familiares de detenidos también expresaron preocupación por el destino de los presos políticos militares, el estatus de los exiliados y los períodos de detención que quedarían fuera del alcance del proyecto.

Alcance temporal

Aunque la propuesta abarca hechos ocurridos desde 1999 —lo que cubre los años de gobiernos chavistas—, el artículo 6 delimita su aplicación a diez períodos específicos vinculados a coyunturas políticas, desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas posteriores a la elección presidencial del 28 de julio de 2024.

Esa delimitación ha sido interpretada por algunos sectores como una forma de acotar el beneficio a determinados episodios políticos, dejando fuera otros casos.

Contexto internacional y petróleo

El debate parlamentario se produce en un momento de acercamiento entre Caracas y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las relaciones atraviesan un momento “extraordinario” y destacó avances en cooperación energética.

“Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir”, escribió Trump en su red Truth Social, donde aseguró que “grandes cantidades de dinero” podrían beneficiar al pueblo venezolano.

Las declaraciones coincidieron con la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien se reunió con Rodríguez en el Palacio de Miraflores para abordar la reactivación petrolera y la inversión en infraestructura.

Por su parte, Rodríguez confirmó que evalúa una visita oficial a Estados Unidos tras calificar de “exitosa” la reunión. “Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación”, señaló.