Desde este jueves, el Senado de la Nación debate modificaciones a la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección ambiental cuyo alcance volvió al centro de la escena legislativa. En ese marco, durante la lista de oradores tomaron la palabra dos senadores por Córdoba: Alejandra Vigo y Luis Juez, con posturas contrapuestas sobre el proyecto impulsado por el oficialismo.
La discusión gira en torno a cambios en la Ley 26.639, sancionada en 2010 y nunca reglamentada en su totalidad. Según el Gobierno nacional, la falta de precisión normativa generó un vacío legal que limitó el desarrollo de la minería, especialmente de cobre, un sector que el equipo de Javier Milei considera estratégico para el crecimiento económico de largo plazo.
Los cuestionamientos de Alejandra Vigo
La senadora de Provincias Unidas explicó que no acompaña la iniciativa al considerar que “carece de un enfoque centrado en los nuevos paradigmas y en el cambio climático”. En ese sentido, advirtió que el texto omite el rol adaptativo de los glaciares frente a ese fenómeno global y no contempla compromisos internacionales vinculados a la protección ambiental.
Además, Vigo sostuvo que no es necesaria una nueva ley para fomentar inversiones mineras. “A mi modo de ver, no hacía falta esta ley para que las empresas mineras pudieran invertir, salvo que la intención sea extender esa explotación hasta zonas preservadas”, expresó.
En un claro guiño a Luis Juez, recordó que en 2010 «un senador de Córdoba» afirmaba que la discusión de una ley relacionada a la protección de glaciares no se centraba en la minería, sino en el agua, definiéndola como el recurso más importante para el futuro, el desarrollo y la sociedad argentina.
El respaldo de Luis Juez al proyecto
A continuación, Luis Juez retomó parte de aquel debate de 2010 y señaló que entonces votó contra la ley junto a Pino Solanas. En su exposición, cuestionó a legisladores a los que calificó como “aves australes” por oponerse ahora al desarrollo económico y a la gestión provincial de los recursos naturales.
Finalmente, el senador afirmó que acompaña la propuesta porque permite “articular la posibilidad de que las provincias puedan hacer uso de las facultades que les concede la Constitución”. Y concluyó: “No destruye ningún parámetro, para aquellos que están haciendo terrorismo ecológico”.
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