La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, abrió el debate para tratar el proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos de homicidios viales. La iniciativa, que ya cuenta con la media sanción del Senado obtenida por unanimidad en septiembre de 2025, pretende dar una respuesta judicial más rigurosa ante conductas de extrema gravedad en la vía pública.
El encuentro tuvo un carácter informativo y contó con la participación fundamental de Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor, y Silvia González, de la Fundación Estrellas Amarillas. Ambas referentes expusieron la cruda realidad de las familias que atraviesan procesos judiciales donde, en la gran mayoría de los casos, los responsables no reciben penas de cumplimiento efectivo.
Los ejes del cambio en el Código Penal
El proyecto, impulsado originalmente por las legisladoras Anabela Fernández Sagasti (PJ), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Ávila (Independencia), propone modificaciones sustanciales para castigar la conducción temeraria, el exceso de velocidad y otras formas de imprudencia fatal. Entre los puntos más destacados se encuentran:
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Aumento de escalas penales: La pena mínima para homicidios viales subiría de 3 a 4 años, mientras que la máxima pasaría de 6 a 8 años.
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Agravantes extremos: En situaciones donde concurran tres o más agravantes, la condena podría alcanzar hasta los 12 años de prisión.
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Inhabilitación severa: Se establece que la prohibición para conducir será por el doble del tiempo de la condena, buscando evitar la reincidencia.
“Vidas truncadas»
Durante la comisión, el testimonio de las organizaciones de la sociedad civil puso el foco en la insuficiencia del marco legal actual. Las expositoras insistieron en que el sistema judicial actual no ofrece una reparación ni un castigo acorde a la magnitud del daño causado.
“Las consecuencias son familias desmembradas, son vidas truncadas y para quienes deciden cometer estos hechos, ¿cuáles son las consecuencias? Prácticamente nada. Hoy tenemos en el homicidio culposo una pena mínima de tres años en suspenso. El 90% de estos casos reciben esta condena”, ejemplificó Viviam Perrone. Además, interpeló directamente a los legisladores: “El Código Penal tiene que ser una respuesta para la sociedad, ¿qué respuesta le estamos dando a la sociedad con este Código Penal? Ninguna”.
Un consenso transversal
La diputada Laura Rodríguez Machado destacó que el avance de este proyecto responde a una agenda transversal que involucra a diversos bloques políticos. La legisladora subrayó la necesidad de una norma que no solo sea punitiva, sino que colabore con la prevención y la conciencia social.
«El encuentro permitió consolidar un espacio de diálogo entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil, con miras a construir consensos que posibiliten avanzar en una legislación más rigurosa, moderna y efectiva en materia de delitos viales», explicó Rodríguez Machado en una declaración compartida con Hoy Día Córdoba.
Además de las penas, las organizaciones plantearon la necesidad de políticas integrales, como la implementación de sistemas de georreferenciación de siniestros para mejorar las estrategias de prevención y el compromiso institucional ante tragedias que son, en su mayoría, evitables.
