Más de 70.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, en un proceso que no registra antecedentes por su nivel de participación. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta este viernes 20 de marzo.
La convocatoria se da luego de que el Senado otorgara media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa fue aprobada el 26 de febrero de 2026 con 40 votos afirmativos y 31 negativos.
La normativa vigente, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería y la explotación de hidrocarburos en esas zonas.
Audiencia pública: fechas y alcance
Tras el tratamiento en el Senado, sectores de la oposición en Diputados solicitaron ampliar el debate y habilitar instancias de participación ciudadana. En ese marco, se convocaron audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo.
Desde el oficialismo, las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales informaron que, debido a la cantidad de inscriptos, solo podrán exponer de forma oral 200 personas, priorizando a los primeros anotados por jurisdicción. El resto deberá presentar sus intervenciones por escrito o mediante videos.
Según argumentaron, la medida responde a la imposibilidad material de garantizar la participación de todos los inscriptos en un plazo acotado sin afectar el funcionamiento legislativo.
Cuestionamientos por la participación
Desde distintos sectores de la oposición y del ámbito ambiental, se plantearon objeciones a las condiciones establecidas para la audiencia.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que la modalidad de participación no puede modificarse una vez realizada la convocatoria, mientras que el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió sobre posibles conflictos legales en caso de restringirse la exposición de los participantes.
En la misma línea, especialistas señalaron que las audiencias públicas son mecanismos formales de participación ciudadana que, si bien no son vinculantes, buscan garantizar la intervención de la sociedad en decisiones con impacto colectivo.
Marco legal y participación ciudadana
Las audiencias públicas están contempladas en el Decreto 1172/2003 y en el reglamento de la Cámara de Diputados, que habilita su convocatoria para temas de interés público.
En materia ambiental, además, el proceso se encuentra alcanzado por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional vigente en Argentina que establece la obligación de garantizar una participación abierta, inclusiva y efectiva en la toma de decisiones.
Especialistas consultados indicaron que este tipo de mecanismos deben contemplar condiciones de acceso amplias, plazos razonables y la posibilidad de intervención de distintos sectores sociales, incluyendo tanto conocimientos técnicos como saberes territoriales.
Debate en curso
La discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de recursos naturales y las políticas ambientales. Según distintos análisis, uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de habilitar actividades productivas en zonas actualmente protegidas.
En este contexto, la audiencia pública aparece como una instancia clave dentro del proceso legislativo, en la que se canaliza la participación ciudadana antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.
Nota basada en el artículo original de Soledad Sgarella para La Tinta.
