A cinco décadas del golpe de Estado de 1976, una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) arroja nueva luz sobre los mecanismos de persecución desplegados en la provincia durante los años más oscuros de la historia argentina.
A partir del análisis de memorandos reservados de la Policía Federal, el estudio permite reconstruir con precisión cómo se organizó la represión y cuál fue el rol estratégico asignado a la universidad dentro de ese esquema.
El trabajo, desarrollado por la historiadora Ana Carol Solís, se apoya en documentos preservados en el Archivo Provincial de la Memoria. Allí se detallan las acciones coordinadas entre la delegación Córdoba de la Policía Federal, el Tercer Cuerpo del Ejército, el Departamento de Informaciones (D2) y otros organismos que integraban la llamada “comunidad informativa”, una red destinada a centralizar inteligencia y ejecutar políticas represivas.
Según el relevamiento, esta articulación alcanzó su mayor intensidad entre 1975 y 1978, en un contexto previo y posterior al golpe que ya mostraba signos de persecución sistemática. En ese entramado, la UNC ocupaba un lugar prioritario: era considerada un espacio clave de observación ante la posibilidad de que allí surgieran actores vinculados a la denominada “subversión”.
Los memorandos revelan que el seguimiento sobre la universidad era minucioso y constante. Las fuerzas de seguridad no solo registraban cambios en las autoridades, como designaciones de decanos o del rector, sino que también analizaban perfiles de estudiantes, especialmente los ingresantes, y monitoreaban la dinámica interna de las facultades. “Había un interés permanente por lo que ocurría dentro de la UNC, tanto en términos políticos como institucionales”, señala Solís.
Tareas de infiltración
Uno de los elementos más significativos que surgen de la documentación es la planificación de tareas de infiltración. En reuniones de la “comunidad informativa” se dispuso el envío de soldados conscriptos a las distintas facultades, dos por cada una, con el objetivo de recabar información y detectar posibles procesos de organización estudiantil. Aunque no hay evidencia concluyente sobre la implementación efectiva de esta medida, su sola planificación da cuenta del nivel de control proyectado.
El estudio también documenta otras prácticas represivas concretas. Entre ellas, la confección de listas negras, el cierre de carreras consideradas conflictivas y la expulsión masiva de trabajadores universitarios. En total, se registran al menos 267 cesantías entre docentes y no docentes, lo que evidencia un proceso de depuración ideológica orientado a disciplinar la vida académica.
La Escuela de Ciencias de la Información y la Escuela de Comercio Manuel Belgrano
Dentro de este esquema, dos instituciones dependientes de la UNC fueron objeto de una intervención particularmente intensa: la Escuela de Comercio Manuel Belgrano y la entonces Escuela de Ciencias de la Información. En el primer caso, la Policía Federal ya ejercía acciones directas antes del golpe, citando a estudiantes y familias en un contexto de presión y amedrentamiento, bajo la premisa de corregir lo que consideraban “indisciplina”.
En tanto, la Escuela de Ciencias de la Información despertaba especial preocupación en los organismos de inteligencia debido al perfil político de su alumnado. Los documentos la describen como un espacio con fuerte presencia de ideas “marxistas” y alertan sobre el impacto que podrían tener sus egresados en los medios de comunicación locales. Esta percepción derivó no solo en un estricto control sobre la posible inserción laboral de los estudiantes, sino también en la decisión de cerrar la institución tras el golpe.
Otro aspecto relevante que emerge del análisis es la evolución de las categorías utilizadas por el aparato represivo. En los primeros registros, el “comunismo” aparece como principal foco de interés, incluso por encima del concepto de “subversión”. Sin embargo, con el correr de los años, esa prioridad se diluye y deja de ocupar un lugar central en los informes.
Más allá de las acciones de persecución directa, los memorandos permiten reconstruir el modelo universitario que la dictadura buscaba imponer. Se trataba de una institución más pequeña, estrictamente controlada y con acceso restringido. Para ello, se promovió un proceso de “desmasificación” que incluyó la implementación de exámenes de ingreso obligatorios, la fijación de cupos y la reestructuración de planes de estudio.
Cierres de programas
Estas medidas redujeron significativamente la cantidad de estudiantes y redefinieron las prioridades académicas, favoreciendo determinadas carreras en detrimento de otras. A la par, se produjeron cierres de programas y modificaciones curriculares, especialmente hacia fines de la década de 1970.
El impacto de este proceso no puede desligarse de su dimensión humana. Hasta el momento, se contabilizan 518 víctimas vinculadas a la UNC, entre estudiantes, docentes y trabajadores, que fueron asesinadas o permanecen desaparecidas. A este dato se suma un proceso de “autodepuración” institucional que, según la investigación, comenzó incluso antes del golpe de 1976, con cesantías y desplazamientos en distintas facultades.
En este sentido, el estudio no solo aporta evidencia clave para la reconstrucción histórica, sino que también refuerza el valor de los archivos como herramientas fundamentales para la memoria, la verdad y la justicia. A 50 años del inicio de la dictadura, los memorandos de la Policía Federal permiten comprender en profundidad cómo se diseñó y ejecutó el control sobre uno de los ámbitos más influyentes de la sociedad cordobesa.
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