El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a palestinos residentes en Cisjordania y no a los ciudadanos judíos israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla, reportaron el sitio DW y el diario Jerusalem Post.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir.
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, afirma Ben Gvir en un comunicado.
Sin embargo, la votación generó fuertes críticas y cuestionamientos. Durante el debate de este lunes, el diputado del partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro), Matti Sarfatti, afirmó: “La ley es populista, inmoral y no garantiza la igualdad”, y la calificó como “claramente inconstitucional”.
En tanto, el organismo de la ONU Human Rights Palestine instó a Israel a derogar “de inmediato” la ley “discriminatoria” de pena de muerte, ya que contradice sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
“Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte en cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley constituiría una violación de la prohibición del derecho internacional contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes”, expresó en un comunicado.
“Además, esta ley agrava la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de la Cisjordania ocupada y dentro de Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos”, sostuvo.
La normativa, aprobada tras casi 12 horas de debate, establece la pena de muerte por ahorcamiento como castigo predeterminado para residentes de Cisjordania condenados por terrorismo en tribunales militares. Aunque los jueces podrán sustituirla por cadena perpetua en circunstancias especiales no claramente definidas, en el resto de los casos la pena capital será obligatoria.
Además, la ley no tendrá carácter retroactivo, por lo que no alcanzará a los responsables de los atentados del 7 de octubre, cuyos casos se tramitan bajo un proyecto legislativo separado.
En la práctica, la norma instituye la pena de muerte casi exclusivamente para palestinos, ya que excluye de forma explícita a ciudadanos y residentes israelíes, quienes son juzgados en tribunales civiles y no militares.
Si bien una cláusula adicional habilita a aplicar la pena capital a cualquier persona —incluidos ciudadanos israelíes—, esta solo rige para quienes “causen intencionadamente la muerte con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que, en los hechos, deja fuera a los extremistas judíos.
Israel aprueba millones para Defensa en 2026
Por otro lado, la Knesset aprobó el presupuesto general del Estado para el año 2026.
«El presupuesto estatal refleja el orden de prioridades planificado por el Gobierno y atiende a las necesidades que percibe en el momento de su formulación», detalló el Parlamento de Israel en un comunicado publicado en su página oficial.
El nuevo plan de gasto asciende a aproximadamente 850.000 millones de shékels (unos 270.000 millones de dólares). El eje central de estas cuentas es un incremento masivo en la partida de Defensa, motivado por la situación bélica actual contra Irán y Hezbolá.
El presupuesto de 699.000 millones de séqueles (unos 193.000 millones de euros) destina un 77% más al gasto de Defensa que al de Sanidad, al que dedica unos 17.000 millones de euros.
De igual forma, la partida al Ministerio de Educación es un 37% inferior a la de Defensa, con cerca de 27.000 millones de euros estipulados.
