La Justicia de España dio por concluida la instrucción y resolvió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que existen indicios suficientes de delitos vinculados a corrupción y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo del caso, rechazó prorrogar la investigación y otorgó un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, que —de concretarse— se celebraría ante un jurado popular.
Los cargos y la investigación
La resolución judicial atribuye a Gómez cuatro delitos principales: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Según el magistrado, desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, se habrían adoptado decisiones públicas favorables a proyectos vinculados a Gómez, quien habría aprovechado su “posición relacional” como esposa del jefe del Ejecutivo.
Entre los puntos más relevantes de la acusación, el juez señala que en materia de tráfico de influencias, se investigan presuntas irregularidades para que Gómez obtuviera una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una institución pública. Peinado llegó a calificar estas conductas como propias de “regímenes absolutistas”.
En cuanto a la corrupción en los negocios, se la considera promotora de la captación de fondos privados que, en lugar de destinarse a la actividad académica, habrían beneficiado su patrimonio personal.
Respecto a la malversación, se analiza el uso de una asesora, Cristina Álvarez —también procesada—, para tareas ajenas a sus funciones oficiales pero financiadas con recursos públicos.
En relación con la apropiación indebida, se investiga el registro a su nombre de un software de “Transformación Social Competitiva” desarrollado en el ámbito de la cátedra.
El juez también decidió continuar el procedimiento contra el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora Álvarez, en una causa que entra ahora en su fase decisiva.
El proceso deberá determinar si se abre finalmente juicio oral, instancia en la que un jurado popular evaluará la culpabilidad o inocencia de los acusados.
La investigación se inició en abril de 2024 a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias, y ha tenido un fuerte impacto político desde entonces.
En paralelo, Gómez y Sánchez se encuentran actualmente en un viaje oficial en China, en medio de la creciente repercusión del caso tanto en el ámbito judicial como en el político.
