A casi dos décadas del asesinato de Nora Dalmasso, uno de los casos más impactantes y controvertidos de la historia criminal argentina, el expediente atraviesa un punto de inflexión inédito: ya no se busca una condena penal, imposible por la prescripción, sino determinar responsabilidades dentro del propio sistema judicial.
Este martes, la Legislatura Unicameral de Córdoba dará inicio al juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes llevaron adelante la investigación durante años. El proceso apunta a establecer si incurrieron en mal desempeño y negligencia grave en una causa que, pese a contar hoy con un perfil genético clave, quedó sin condenados.
Un proceso que comenzó con irregularidades
El caso se remonta al 25 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso, de 51 años, fue hallada muerta en su vivienda del barrio Villa Golf de Río Cuarto. Estaba desnuda, sobre la cama de su hija, y había sido estrangulada con el cinturón de su propia bata.
Desde el inicio, la escena estuvo marcada por graves irregularidades: más de 25 personas ingresaron al lugar antes de que se preservaran las pruebas, entre familiares, vecinos e incluso un sacerdote, lo que comprometió seriamente la investigación.
A partir de allí, la causa derivó en una sucesión de hipótesis que con el tiempo fueron cuestionadas. Se habló de un accidente durante un encuentro sexual, luego se detuvo al pintor Gastón Zárate, conocido como “El Perejil”, en un episodio que generó protestas sociales, y más tarde la sospecha recayó sobre el entorno íntimo de la víctima.
«Mientras buscaban amantes, se escapó el asesino», dijo una testigo del caso Dalmasso
El hijo, Facundo Macarrón, fue imputado en base a un ADN incompleto, y posteriormente el viudo, Marcelo Macarrón, llegó a juicio acusado de instigar un crimen por encargo. En 2022, un jurado popular lo absolvió, dejando la causa nuevamente sin culpables.
El giro tardío: un ADN que llega cuando ya es tarde
La instancia actual del caso se explica por un hallazgo reciente que cambia la lectura de todo el expediente. El fiscal Pablo Jávega ordenó nuevos estudios genéticos que detectaron coincidencias entre el ADN encontrado en la bata, el arma homicida, y el de Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa en los días previos al crimen.
El dato resulta especialmente relevante porque Bárzola había estado identificado desde el inicio en el expediente, pero nunca fue sometido a un cotejo genético. Es decir, la prueba clave estuvo potencialmente disponible durante años, pero no fue utilizada.
Según los análisis actuales, su perfil genético aparece tanto en el cuerpo de la víctima como en el cinturón con el que fue asfixiada, lo que lo ubica directamente en la escena del crimen en un contexto difícil de justificar.
Sin embargo, el avance llegó demasiado tarde: la acción penal ya prescribió. Esto implica que, aun si se comprobara su responsabilidad, no podría ser juzgado ni condenado.
¿Por qué no se investigó antes?
El eje del jury se centra precisamente en esta omisión. Los fiscales son cuestionados por no haber realizado una medida básica: tomar muestras de ADN a todas las personas que tuvieron contacto con la vivienda o la víctima en las horas previas.
Además, la investigación se desvió durante años hacia líneas que hoy son calificadas como erráticas, priorizando hipótesis mediáticas o prejuicios antes que la evidencia científica. Para la familia, el Estado “tuvo las pruebas en sus narices” y no actuó en consecuencia.
El reclamo de la familia y la búsqueda de una verdad oficial
Facundo Macarrón será uno de los testigos principales en el jury, junto a su padre Marcelo y su hermana Valentina. Su postura es contundente: acusa a los fiscales de haberlos perseguido judicial y socialmente durante años, en lugar de resolver el crimen.
Ante la imposibilidad de una condena penal, la familia impulsa un “juicio por la verdad”, una instancia excepcional cuyo objetivo no es castigar al responsable, sino establecer de manera oficial qué ocurrió y quién fue el autor.
Este tipo de proceso, sin pena, busca reparar el daño institucional y brindar un cierre a una historia marcada por la impunidad. En caso de no obtener respuestas, los Macarrón ya anticiparon que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué se define en el jury?
El tribunal de enjuiciamiento, presidido por Julieta Rinaldi, escuchará a 37 testigos entre el 21 y el 27 de abril. Antes de fines de mayo deberá resolver si los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro continúan en sus cargos o son destituidos.
La remoción es la sanción máxima prevista en este tipo de procesos, que no contempla penas de prisión sino la evaluación de la idoneidad de los funcionarios judiciales.
De confirmarse, la destitución marcaría un precedente institucional en la justicia cordobesa: el reconocimiento de que una investigación defectuosa puede derivar no solo en la impunidad de un crimen, sino también en la responsabilidad directa del Estado.
Un caso que cambia de escenario, pero no de deuda
A 20 años del crimen de Nora Dalmasso, la causa parece haber encontrado una respuesta tardía sobre el posible autor. Sin embargo, la falta de una condena deja al descubierto una deuda estructural.
El proceso que comienza ahora no busca encarcelar a un culpable, sino determinar si quienes debían encontrarlo fallaron en su tarea. En ese giro, el caso deja de ser únicamente policial para convertirse en un juicio sobre el funcionamiento de la Justicia misma.
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