A pesar de la llovizna, cientos de personas con discapacidad, familiares y profesionales se reunieron en la Plaza San Martín para exigir la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La normativa, sancionada en septiembre del año pasado, aún no fue aplicada por el Gobierno Nacional, el cual, a su vez, pretende avanzar con un proyecto de ley que criminaliza a las personas con discapacidad y a las organizaciones.
Este miércoles, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y otras organizaciones se sumaron a las distintas manifestaciones que se realizaron en todo el país. En diálogo con Hoy Día Córdoba, denunciaron que el mecanismo que está utilizando la gestión actual es “el incumplimiento por desgranamiento y por presión burocrática”.
Por su parte, las personas que sufren las consecuencias de estas políticas tomaron el micrófono a lo largo de la jornada para explicar cómo les afecta la situación. El sector padece un desfinanciamiento sistemático derivado de aranceles insuficientes, con un desfase del 40 % respecto a la ley. Además, hay deudas acumuladas desde diciembre de 2025 que impactan directamente en los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
La nueva ley del Gobierno Nacional
Recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional ingresó al Senado un proyecto de ley llamado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que impacta en la normativa aún no aplicada. La propuesta incluye reempadronar a todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, eliminar la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a un trabajo formal y, a su vez, mantengan su pensión; incluso suprime los programas de inclusión laboral en empresas.
Ante esta iniciativa, la licenciada en Psicopedagogía e integrante de ATI, Juliana Domínguez, advierte sobre la gravedad de intentar instalar el concepto de “beneficios”, cuando la realidad es que las pensiones por discapacidad son “un sistema de apoyo para que la persona pueda tener una vida digna”.
Por otro lado, la profesional denuncia la “mistanasia” (muerte por abandono o negligencia institucional) que está ejerciendo la administración nacional hacia este grupo. “El Gobierno no opera con negligencia, opera con crueldad: decide hacer del abandono activo una política pública y, además, suma herramientas de persecución como esta ley, que pretende instalar un manto de culpabilización donde las personas tienen que probar que tienen una discapacidad”, señala.
Finalmente, Domínguez destacó la alianza construida en Córdoba: “Nos ocupamos de construir unidad en un sector que tiene muchísimas diferencias internas, pero frente a esto no lo dudamos porque somos un actor que tiene una gran vocación de trabajo y nos estamos dando cuenta de que tenemos una gran vocación de lucha”. Asimismo, resaltó la masividad de la movilización al afirmar que “frente a la tristeza, hemos encontrado una manera de estar un poco menos tristes; eso también nos hace bien, por eso ocupamos las plazas con alegría, con música y arengándonos a seguir defendiendo el sector”.
