La Oficina Anticorrupción (OA) extendió el plazo de presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos, pasando del 31 de mayo al 31 de julio, en medio del escándalo que envuelve al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su presunto enriquecimiento ilícito y la compra de varios inmuebles no declarados.
La medida fue publicada en la Resolución 3/2026 del Boletín Oficial. Allí, la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro, indicó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “estableció las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales previstas para el año calendario 2018 y subsiguientes, que en el caso de los impuestos a las Ganancias así como sobre los Bienes Personales, se producirá durante la primera quincena del mes de junio”.
En ese sentido, la resolución detalla la necesidad de “adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral DJPI) prevista en la Ley N° 25.188”, a efectos de “brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”.
Luego, la OA emitió unc omunicado oficial en donde explaya el trasfondo de la medida: “La adecuación del plazo de vencimiento responde a lo dispuesto por la Resolución General N° 4354-E/2018 (ex AFIP, hoy ARCA), que establece que las declaraciones impositivas anuales vencen durante la primera quincena de junio de cada año. En función de ello, se fijó una fecha posterior que permita la correcta integración de la información patrimonial”.
“Cabe recordar que la DJPI debe ser presentada en tres momentos: al inicio de la función pública (alta), de manera anual (actualización) y al cese en el cargo (baja)”.
Adorni está envuelto en supuestos casos de enriquecimiento ilícito, sumado a diversas denuncias por compras de inmuebles no declarados. Sin embargo, el expediente que se abrió por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial hacia la “Argentina Week”, fue archivada por decisión del juez federal Daniel Rafecas.
La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano. Según determinó el magistrado Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad.
Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.
