En lo que representa un giro histórico para la inserción internacional del país, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) mejoró la calificación de la Argentina tras tres décadas de revisiones anuales sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual. Según el Reporte Especial 301 publicado este jueves, el país dejó de integrar la “Lista de Vigilancia Prioritaria” para ocupar un lugar en la “Lista de Vigilancia” convencional. Esta decisión es interpretada como un fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, reconociendo los esfuerzos realizados para abordar preocupaciones históricas en materia de patentes y derechos de autor.
La Argentina ocupaba un lugar de observación constante desde 1996, permaneciendo durante la última década en la categoría más severa, reservada para naciones con deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. El cambio de estatus se formalizó tras la firma, en febrero pasado, del Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI). Bajo este marco, la administración de Milei “asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual”.
Desde la delegación diplomática argentina en Washington celebraron el anuncio como un paso fundamental para la llegada de capitales. “Celebramos la salida de la Argentina de la “Lista de Vigilancia Prioritaria” del Informe Especial 301 2026 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, un reconocimiento a las mejoras recientes en la protección y aplicación de la propiedad intelectual y una señal positiva para la inversión y la innovación», manifestaron voceros de la embajada. El reporte detalla que el país se ha comprometido a avanzar en la adhesión a tratados internacionales y a implementar medidas para resolver problemas de larga data identificados por las autoridades norteamericanas.
Reformas clave en el sistema de patentes y el sector farmacéutico
Uno de los pilares que sustentan esta mejora en la calificación es la profunda reforma normativa iniciada en marzo de 2026 sobre la materia patentable de medicamentos. El Gobierno nacional procedió a derogar resoluciones del año 2012 que, según la visión de la USTR, imponían limitaciones “excesivamente amplias”. Estas directrices previas “rechazaban automáticamente solicitudes para categorías de invenciones farmacéuticas que son elegibles para patente en otras jurisdicciones y exigían que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial”.
Con la implementación de la nueva Resolución Conjunta 1/2026, firmada por los ministros de Salud y Economía junto al titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se anularon las pautas restrictivas que regían para las invenciones químico-farmacéuticas. A partir de este cambio, el INPI recupera la facultad plena para “determinar en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones” basándose exclusivamente en criterios técnicos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) manifestó su apoyo a la medida, destacando que “se trata de una señal positiva que reconoce avances recientes en materia de propiedad intelectual, en particular la derogación de la Resolución Conjunta N° 118/2012, 546/2012 y 107/2012, que establecía criterios restrictivos de patentabilidad para invenciones químico-farmacéuticas». Para la entidad, este movimiento hacia estándares globales permite recuperar la seguridad jurídica y promueve mejores condiciones para la investigación y el desarrollo biotecnológico en el país.
Ofensiva contra la piratería y compromisos en el mercado agroalimentario
El informe de la USTR también subraya el compromiso argentino de endurecer la lucha contra el comercio ilegal y la piratería digital. El plan de acción acordado incluye un aumento de los operativos e incautaciones en centros de distribución considerados «notorios», así como el fortalecimiento de la aplicación penal mediante sanciones disuasorias, que abarcan multas más elevadas y penas de prisión para falsificaciones realizadas por organizaciones criminales. En el ámbito digital, se destacó como un éxito reciente el desmantelamiento del servicio ilegal de IPTV Magis TV Pro, que culminó con detenciones y una condena judicial.
No obstante, Estados Unidos mantiene sus advertencias sobre puntos críticos del comercio físico. El reporte señala nuevamente a “La Salada y Barrio Once en Buenos Aires” como mercados donde la aplicación de la ley suele estancarse por formalidades excesivas o falta de acción de oficio por parte de las fuerzas locales. Para revertir esto, el país se obligó a “aplicar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles cuyos inquilinos vendan productos falsificados o pirateados” y a fomentar una cooperación más estrecha entre los proveedores de servicios de Internet (ISP) y los titulares de derechos para remover contenidos infractores de manera más ágil.
En paralelo, el acuerdo ARTI introdujo disposiciones relativas al comercio agroalimentario que buscan proteger el mercado para ambos socios. Por un lado, la Argentina garantizó que preservará el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que utilizan nombres comunes, evitando restricciones injustificadas por el uso de ciertos términos. Por otro lado, “la Argentina también se ha comprometido a aplicar estándares rigurosos de transparencia y equidad en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas [IG], así como a garantizar que los productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que han sido protegidos injustamente como IG”. Este punto es especialmente relevante en el contexto de las negociaciones externas del Mercosur, donde el uso de nombres geográficos suele ser un tema de conflicto.
Desafíos estructurales y el monitoreo de la administración Trump
A pesar del ascenso de categoría, el informe de la Oficina del Representante Comercial advierte que la Argentina aún presenta desafíos históricos para las industrias intensivas en propiedad intelectual. Entre las preocupaciones que persisten, se mencionan las limitaciones para patentar innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva o sustancias naturales, que se alejan de los estándares de otros países desarrollados, y la falta de protección efectiva para los datos de prueba en los sectores agrícola y farmacéutico.
Otro obstáculo identificado es el retraso en el procesamiento de las patentes. Si bien el INPI ha reportado una reducción en sus atrasos, la administración estadounidense señala que las demoras para obtener una concesión aún promedian entre seis y siete años. Para abordar estos temas, ambos países mantendrán un diálogo fluido a través del Foro de Innovación y Creatividad, un organismo bilateral creado bajo el acuerdo TIFA para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.
En conclusión, la salida de la categoría de vigilancia prioritaria representa un éxito diplomático para el gobierno de Milei, que logra alinear las políticas de propiedad intelectual del país con las exigencias de Washington. El reconocimiento estadounidense de que la Argentina está “adoptar medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual de larga data” abre una nueva etapa en la relación comercial, aunque el monitoreo sobre la aplicación efectiva de las leyes y la erradicación de los mercados ilegales seguirá siendo una constante en la agenda bilateral.
